Las leyes en materia ambiental son ambiguas en cuanto a la competencia de cada autoridad, consideró la investigadora de la Universidad Veracruzana (UV), Tania García López.
Lamentó que en la mayoría de las ocasiones hay una enorme falta de claridad acerca de quién debe actuar.
Y es que dijo que esto redunda en que la participación ciudadana se vea acotada por las confusiones en cuanto a las competencias.
“Es muy común que frente a una problemática ambiental nos encontremos con que existe competencias en los tres niveles de Gobierno, y competencias de varios sectores de la administración pública, lo que genera en el gobernado una falta de certeza jurídica sobre cuál es la instancia competente para resolver un asunto”.
Puso como ejemplo la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente que explicó en varios artículos deja establecido de manera confusa que las labores de educación o reglamentación corresponden tanto al Gobierno federal como estatal y local.
“La realidad que impera en el país ha dado lugar a que este principio de concurrencia y la distribución de facultades prevista en la ley tiene que servir para las políticas públicas, pero existe una enorme discusión en relación a asuntos concretos”.
