Veracruz se hunde entre la basura y la contaminación, al tiempo que el crecimiento poblacional y las actividades productivas acaban con los recursos naturales. Y los problemas crecen ante la actitud omisa de la secretaria estatal de medio ambiente y la negligencia o ausencia de las autoridades de PROFEPA.
Mientras eso sucede, los asuntos ambientales en el estado parecen ser del dominio absoluto de Sergio Rodríguez Cortés, el perredista designado como titular de la Procuraduría Estatal del Medio Ambiente.
Numerosos alcaldes veracruzanos que no cuentan con ningún tipo de apoyo para el manejo óptimo de la basura, se están manifestando contra lo que consideran arbitrariedades del funcionario, que parecen indicar su asociación con particulares negociantes de los desechos sólidos urbanos y con empresas ambientalistas que supuestamente se especializan en asesorar a los ediles para resolver ese problema.
En el caso de la basura de la zona metropolitana de Veracruz-Boca del Río, se sabe que los alcaldes de Veracruz, Boca del Río, Alvarado y Medellín han sido presionados por el procurador para cerrar los tiraderos que existían, sugiriéndoles que la basura fuera depositada en un “relleno sanitario” particular que construyó un empresario en Medellín. Pero también muchos se enteraron de que Sergio Rodríguez primero presionó a la API Veracruz, creyendo que el tiradero estaba en terrenos de lo que ahora es el Nuevo Puerto.
Sin embargo, no solo esos ediles se muestran inconformes, se sabe que cerca de 40 alcaldes de todo el estado se están organizando para exigir al gobierno de Cuitláhuac García otro tipo de intervención más profesional que en verdad apoye a las autoridades municipales y no las obstaculice con excesos legaloides, propuestas arbitrarias y politiquerías de todo tipo.
Otro tipo de intervenciones del procurador Rodríguez es el relativo a las granjas y pequeñas empresas regionales, entre ellas en Naolinco, Actopan y Alto Lucero, adonde este funcionario suele mandar a colaboradores a asustar con multas y cierres debido a que no cumplen con la normatividad.
Situación similar están sufriendo empresas inmobiliarias que tratan de crear desarrollos habitacionales en la zona conurbada del puerto y en municipios como Xalapa y Emiliano Zapata, quienes han denominado esto como una corriente “extorsión”. Se sabe que el funcionario ambiental, a causa de su impreparación y audacia, ha acuñado una imponente frase que utiliza como argumento jurídico: “están provocando riesgo inminente de desequilibrio ecológico”.
En agosto del año pasado, abogados del Fraccionamiento Mandara en Alvarado denunciaron penalmente el cierre ordenado por la Procuraduría de Sergio Rodríguez, acusándolo de abuso de autoridad.
