Magistrados plantearon a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Isabel Romero Cruz, revocar los contratos de Asociación Pública Privada para la construcción de las Ciudades Judiciales, ante el desbalance financiero que atraviesa al Instituto por 500 millones de pesos.
Concretamente los togados propusieron implementar una revisión de los contratos hechos por administraciones anteriores, para “cancelar proyectos” o “revocar acuerdos” que no funcionan y estarían llevando al Poder Judicial a implementar recortes innecesarios.
Lo anterior en clara alusión a los contratos de Asociación Pública Privada por los que se autorizaron la construcción de ciudades judiciales en la entidad.
En una reunión con el resto del Consejo de la Judicatura, Romero Cruz explicó las razones para desaparecer 29 juzgados y propuso a los magistrados reducir sus compensaciones entre el 20 y el 30 por ciento durante lo que resta de 2021 para contrarrestar el desbalance financiero.
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Al ser abordada por el tema de los contratos, la magistrada Presidenta dijo que la reunión no era para abordar estos asuntos, negándose a hablar más sobre ese tema.
En la grabación se escucha a la magistrada Concepción Flores Saviaga señalar que la actual presidenta no ha querido reunirse con un grupo de magistrados que buscan revisar posibles actos de corrupción perpetrados en períodos anteriores.
“Yo le quiero decir que desde que tomó posesión la presidenta cuatro magistrados integrantes del pleno le pedimos una reunión para revisar las anteriores administraciones y no se ha llevado a cabo a la fecha este pleno por falta de voluntad de la administración y que ella no ha tomado la determinación y eso es importantísimo porque de ahí se están cumpliendo contratos ilegales desde todos los puntos de vista administrativos.
“Yo no lo denuncié, yo lo platiqué con la magistrada, yo le dije que eso era muy importante, revisar las administraciones anteriores para sanear”, dijo Flores Saviaga.
Por su parte el magistrado Jorge Espinoza Castillo señaló que la mala administración llevó al Poder Judicial a la situación que actualmente atraviesa.
“Ahorita puede haber consecuencias o ya las hay, por la mala administración que ha venido, entonces habría que cancelar proyectos que no funcionan, que no nos llevan a nada y entonces sería nuestra aportación y podríamos aportar ideas para revocar esos acuerdos que no le dan nada al Poder Judicial y nos llevan a una situación de recorte salarial innecesario.
“Pero esto, no hablemos de este presupuesto, que si se acabó, que si vienen los (juzgados) laborales; esto viene de atrás y eso nadie lo ha tocado, nadie ha hecho nada”, planteó ante la presidenta del Poder Judicial.
Incluso reconoció que los anteriores presidentes del Tribunal “han hecho lo que han querido”, pero nadie había actuado porque nunca se afectaron los intereses de los magistrados: “nunca nos habían lesionado en nuestros salarios y eso implica que nosotros no hemos abierto la boca; pero ya esta situación ya ha avanzado demasiado”.
Ante estos planteamientos, la presidenta del Poder Judicial dijo que el único tema para abordar era el recorte de compensaciones y explicar la razón por la que se determinó el cierre de juzgados que no estaban dando resultados y para los que no había dinero, advirtiendo que desde el Poder Ejecutivo se les informó que no existen recursos para solventar todo el déficit de 500 millones de pesos.
“El tema que ya tratamos pues es al apoyo voluntario para el Poder Judicial; el Gobierno no tiene dinero, ya quedó bien claro que el Gobierno no tiene dinero, está pagando mucho de los Gobiernos corruptos anteriores, ustedes lo saben (…).
“No venimos, es decir, no venimos a tratar el tema de as APP´s, que si revisar los contratos, que si esto; es solamente lo que les dije, un porcentaje, el que quiera sumarse voluntariamente que me lo dijera y yo decirle al señor Gobernador fulano, zutano, perengano, van a apoyar, pero no a revisar los contratos y otro tipo de cuestiones; era eso exclusivamente”, agregó la presidenta del Poder Judicial.
Durante la conversación incluso evidenció que algunos magistrados sí apoyaron en su momento a Edel Álvarez Peña durante un año aportando parte de su nómina para las becas de todos los hijos de trabajadores.
“Entonces sí apoyaron a Edel; hizo lo que hizo y aquí que estamos tratando de hacer las cosas bien, pues vemos no mucha disposición”, lamentó la presidenta.
En ese momento se escucha a Jorge Espinoza Castillo argumentar que se apoyó a Edel porque eran los fines políticos debido a que estaba intentando reelegirse.
“Él buscaba la ratificación en la presidencia del Tribunal y de esa manera quería congraciarse con el Gobierno”, aseveró el togado.
