(SPI).- Más de 300 habitantes de 20 localidades de los municipios de Actopan y Alto Lucero, clausuraron de manera simbólica la bodega de materiales que utiliza el Proyecto Minero “El Cobre”, de la empresa Almadex Minerals (TSX-V: AMZ).
LAVIDA, organización ambientalista dio a conocer que comunidades exigen la cancelación de concesiones mineras y que sus territorios sean decretados libres de minería y, ante la nula respuesta del gobierno federal y municipal, optaron por clausurar las instalaciones de la empresa minera Almadex Minerals.
Rechazan el proyecto minero “El Cobre” por poner representar un riesgo para sus comunidades, por ejemplo, las actividades de la minera cerca de la Planta Nuclear Laguna Verde (PNLV), ubicada a tan sólo 3 km de distancia del proyecto minero, así como las líneas de alta tensión.
LAVIDA refirió que el Gobierno Federal ha concesionado más de 70 mil hectáreas en los municipios de Actopan y Alto Lucero, territorio considerado de importancia biocultural de Veracruz.
Pero no sólo es flora y fauna, también invasión de un espacio que ha sido ocupado por siglos por comunidades campesinas, afrodescendientes, indígenas y comunidades equiparables a pueblos indígenas.
Lo anterior vulnera los derechos humanos de las comunidades tal y como lo establecen los artículos segundo de la Constitución y sexto del Convenio 169 de la OIT, donde el Gobierno Federal debe garantizar el consentimiento previo, libre, informado y culturalmente informado.
Es así que comunidades pertenecientes a los municipios citados, a través de la realización de 27 asambleas ejidales y comunitarias, rechazaron las actividades mineras en su territorio, situación que comunicaron a la autoridad municipal con actas.
Pobladores de Alto Lucero y Actopan informaron a sus respectivos gobiernos municipales de su derecho a la autonomía, a la libre determinación sobre su territorio, al consentimiento previo, libre informado y culturalmente adecuado. Por lo tanto, las concesiones y los proyectos son violatorios de derechos humanos.
Pobladores y activistas ambientales afirmaron que las autoridades involucradas son responsables de violar los derechos económicos, culturas y sociales y ambientales de las comunidades por las afectaciones que han sufrido o puedan sufrir en caso de que continué desarrollándose el proyecto extractivo.
Por lo anterior exigen respeto a sus derechos, exigen a las autoridades federales la cancelación de las concesiones y la expulsión inmediata de las empresas mineras de sus territorios.
Las comunidades exhortan a la empresa a desistirse de sus concesiones mineras en territorio veracruzano y cancelar el Proyecto Minero “El Cobre”.
