La actual administración estatal ha sido omisa de “presupuestar” recursos públicos para pagar el seguro institucional por defunción y de invalidez al magisterio en Veracruz, lo que ha derivado en la emisión de al menos 8 recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por la violación de derechos de maestros de la entidad.
Algunos adeudos datan del año 2012 y 2014, cuando estaba en el gobierno el priista Javier Duarte de Ochoa, hoy preso por delitos Al momento la CEDH ha emitido las recomendaciones 02/2023, 07/2023, 19/2023, 20/2023, 23/2023, 32/2023, 40/2023 y 49/2023, y la 51/2023 que aún no está su versión pública, pero establece que el derecho violado corresponde a la seguridad social.
Las recomendaciones involucran a la Oficial Mayor, Ariana Aguilar Amaya, al titular de la Secretaría de Educación de Veracruz, Zenyazen Roberto Escobar García, y al de Finanzas y Planeación (Sefiplan), José Luis Lima Franco.
La CEDH acreditó que, en las 8 recomendaciones que cuentan con una versión pública, los actos de funcionario de las administración pública son repetitivos: se inicia el trámite oficial para la liberación de los seguros para los maestros o sus familiares, sin embargo, no se concluye y no hay pago
¿Qué dice la ley?
El 18 de octubre de 2016 en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se estableció que derivado de la magnitud de la nómina del sector educativo, era necesaria la creación de un área especializada y dedicada exclusivamente a realizar los movimientos, trámites y cumplimiento de compromisos correspondientes a dicho sector en la propia SEV.
Ahí se estableció que era deber de la SEV programar, presupuestar, registrar y evaluar los recursos humanos, así como el pago de nóminas, quedando exenta de dicho proceso la Subdirección de Contrataciones Gubernamentales, Administración de Riesgos y Activos de la Dirección General de Administración de la Sefiplan.
Y a la Sefiplan le correspondía efectuar los pagos con base en el Dictamen de Suficiencia presupuestal que emita la Secretaría, previa solicitud de las dependencias.
SEV Y SEFIPLAN se echan la “bolita” para pagar
Desde el 2017, a la fecha, SEV la tenía la obligación de formular los anteproyectos de programas y del presupuesto del área a su cargo; y gestionar los recursos y tramitar las modificaciones programáticas y presupuestales.
Además, la recomendación confirmó: “se tiene que en los ejercicios Fiscales 2017, 2018, 2019, y 2020, la Dirección de Recursos Humanos de la SEV no envió información correspondiente a los seguros de vida institucionales del sistema estatal, por ello el pago de éstos no fue contemplado en el Anteproyecto de esos Ejercicios Fiscales.
Ya en los años 2021 y 2022 la SEV informó que solicitó recursos para el pago de los seguros institucionales del sistema estatal en los respectivos Anteproyectos de Presupuesto de Egresos, mediante el “Formato de Requerimiento Presupuestal (Recursos Adicionales)”, pero que éstos no fueron autorizados.
La SEFIPLAN le informó que el presupuesto de egresos para el Ejercicio Fiscal 2022, aprobado por el H. Congreso del Estado, no contaba con los márgenes presupuestales necesarios para otorgar recursos adicionales a los originalmente autorizados.
Incluso, pidió a la SEV debía implementar mecanismos de análisis presupuestal, para hacer uso de disponibilidades presupuestales susceptibles de reducción del gasto público; y le indicó que quedaba a la espera de los movimientos presupuestales, es decir, debía hacer ahorros y destinarlo para el pago de los seguros.
