En la historia reciente de Veracruz hay capítulos que no admiten eufemismos. El libro Ni venganza ni perdón, de Julio Scherer Ibarra y Jorge Fernández Menéndez (Editorial Planeta), pone sobre la mesa un periodo donde la contienda política dejó de ser competencia democrática para convertirse en territorio de intimidación. Y en ese retrato el protagonista tiene nombre y apellido: Miguel Ángel Yunes Linares.

Antes de cada gira a territorio veracruzano, Andrés Manuel López Obrador recibía una advertencia puntual: cuidado con Veracruz. No era una plaza más. Bajo el gobierno de Yunes Linares, el estado representaba un foco rojo no sólo electoral, sino físico. Las experiencias previas hablaban de agresiones directas en actos públicos, golpes entre la multitud, embestidas que no respetaban investiduras. En uno de esos episodios, el entonces candidato presidencial terminó en el suelo tras una caída violenta que le provocó lesiones en la cabeza. No fue metáfora: fue cuerpo a tierra.

El mensaje era inequívoco. En Veracruz no bastaba con ganar votos; había que proteger la integridad. Fue, según el testimonio recogido en el libro, el único estado donde se consideró indispensable reforzar la seguridad con presencia militar desde la llegada del candidato. Ese dato, por sí solo, describe el clima político que se respiraba durante el yunismo: tensión permanente, confrontación abierta y riesgo latente.

La oposición no era improvisada. Rocío Nahle competía por el Senado; Ricardo Ahued aportaba arraigo en sectores medios; Cuitláhuac García buscaba la gubernatura tras haber disputado en 2016 una elección cerrada frente al propio Yunes y al priista Héctor Yunes. Había estructura, narrativa y base social. Precisamente por eso la contienda adquirió tonos de guerra política.

Lo que el libro describe no es una democracia vibrante, sino un escenario de trinchera. Mientras en el equipo opositor circulaba un expediente con señalamientos sobre presuntas irregularidades y el patrimonio del entonces gobernador, la respuesta desde el poder fue la descalificación frontal y la activación de escándalos mediáticos. El caso de Eva Cadena, exhibida con recursos en efectivo presuntamente destinados a López Obrador, marcó ese momento como uno de los más ríspidos de la campaña. Más allá de las responsabilidades individuales, el episodio alimentó una estrategia de desgaste.

El cierre de campaña en el estadio Luis “Pirata” Fuente condensó esa atmósfera. La decisión de realizar el acto el mismo día de un partido mundialista implicaba riesgos logísticos. Pero lo que inclinó la balanza fue el presunto cierre de la vialidad por donde ingresaban los autobuses con simpatizantes. El resultado fue un estadio lejos de su capacidad y una imagen lista para ser explotada políticamente. Casualidad administrativa o maniobra deliberada, el efecto fue el mismo: minar la percepción de fuerza territorial.

Veracruz se convirtió entonces en algo más que un campo electoral. Fue un laboratorio de confrontación donde el aparato gubernamental parecía actuar con lógica partidista. Bajo Yunes, la frontera entre ejercicio institucional y estrategia política se volvió porosa. Y cuando eso ocurre, la democracia deja de ser competencia y se transforma en intimidación.

Pero la historia no terminó ahí.

Años después, los Yunes de El Estero -quienes edificaron su discurso sobre la resistencia al lopezobradorismo- terminaron votando a favor de la reforma judicial promovida por el propio López Obrador. Para una parte significativa de la opinión pública, ese voto no se leyó como convicción jurídica sino como transacción política: respaldo legislativo a cambio de alivio judicial. Los detalles, si existieron acuerdos, permanecen en la esfera privada. La percepción, en cambio, es pública y demoledora.

La ironía es brutal. Quienes se asumían dique frente al poder presidencial acabaron contribuyendo a uno de sus cambios estructurales más controvertidos. Si fue cálculo, resultó cínico; si fue pragmatismo, terminó siendo costoso. Porque en política la coherencia es capital, y cuando se diluye, la factura es histórica.

López Obrador no sólo consiguió los votos necesarios: logró fijar una narrativa. Los Yunes no quedaron como adversarios firmes, sino como actores que, en el momento decisivo, doblaron la apuesta y cambiaron de bando. No es una sentencia judicial. Es algo más vergonzoso: una condena en la memoria colectiva.

Y en Veracruz -donde la política se vive con intensidad y la reputación pesa- esa marca puede resultar más duradera que cualquier proceso penal. La cárcel se purga; la etiqueta de traidor, rara vez.

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