(SPI).-El Consejo Nacional de Seguridad Pública estableció que la Procuraduría General de la República, Procuradurías y Fiscalías Generales de las 32 entidades federativas iniciarán investigación de toda muerte violenta de mujeres de carácter doloso bajo protocolos de feminicidio.
Lo anterior publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de este martes, donde también se dio a conocer que los Centros de Justicia para las Mujeres de las entidades federativas deberán certificarse o renovar su certificación cada dos años, con base en los 48 indicadores que anualmente emite la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
En su Cuadragésima Tercera Sesión Ordinaria, celebrada el 21 de diciembre de 2017, el Consejo Nacional de Seguridad Pública acordó la entrada en vigor del nuevo modelo y proceso de control de confianza para los integrantes de las instituciones de seguridad pública, que consiste en establecer un protocolo de reclutamiento y preselección de aspirantes a ingresar a las instituciones de seguridad pública.
Con el nuevo modelo se fortalece el proceso de la entrevista y diseño de una nueva batería de pruebas psicológicas, protocolo de consulta de antecedentes y nuevas fuentes de información para fortalecer la evaluación socioeconómica, así como la determinación del proceso para el análisis de tatuajes.
También identificación de información de salud física y rasgos psicológicos para impulsar programas de medicina preventiva, reorientación de la prueba poligráfica, y establecimiento del Código de Ética de los integrantes del Sistema Nacional de Acreditación y Control de Confianza.
En el documento se indica que para efecto del cumplimiento de las nuevas disposiciones, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública deberá establecer las acciones necesarias para modificar los lineamientos, criterios, procedimientos y protocolos, a fin de que se implemente en este año.
El Consejo Nacional de Seguridad Pública acuerda que las instancias competentes de los tres órdenes de gobierno establezcan los mecanismos de coordinación necesarios para implementar las acciones que señala la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
