La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) encubren un brote de COVID-19 en el CERESO Zona 1 de Pacho Viejo, en Coatepec, en donde ya se registran fallecidos y contagios.
Mediante amparos ante la justicia federal sólo los internos con solvencia económica consiguen ser aislados del resto de la población penitenciaria y ser atendidos por médicos.
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Familiares de personas privadas de su libertad señalaron a Palabras Claras que los reclusos sufren los estragos de distintos males, el peor de ellos el de COVID-19, aunque no están diagnosticados.
“La mayoría de la población tuvo cuadros de fiebre, diarreas, dolor muscular, pérdida de olfato y gusto, y todo ello lo enfrentaron sin medicamento, sin doctores, porque de planta solo estaban enfermeros”, aseguraron.
Explicaron que gracias a que jueces federales otorgaron suspensiones de plano, obligaron al director del penal, Fidencio Pérez Rojas, a aplicarles pruebas.
Además, otros debido a su condición grave fueron trasladados al Centro de Alta Especialidad (CAE) de Xalapa.
“Sólo a seis les hicieron la prueba de COVID-19; todos salieron positivos. Dos custodios murieron y al menos dos internos; las causas oficiales fueron infartos”.
Insisten en que está situación consta en quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), presidida por Namiko Matzumoto, quien después de visitar la cárcel sólo los invitó a no ratificar su denuncia.
“Acudieron al penal a decirles que era mejor que no ratificaran su denuncia. ¡No hicieron nada!”, aseveraron los familiares.
“Hace dos semanas, personal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos recorrieron el penal para constatar que todo está bien. La SSP dispuso que un médico de ellos estuviera de planta y, por fin, un médico del penal también.
“Llegó un cargamento de antibiótico que fue suministrado a todos los internos durante siete días, estuvieran o no enfermos”.
Pese a lo anterior acusan que el Gobierno quiere mantener la idea de que “en Pacho no pasa nada”, cuando es un hecho que hay enfermos y sigue habiendo población enferma.
“Se preguntarán por qué no nos manifestamos, por qué nadie se queja: porque todos saben que, si lo haces, la consecuencia es un traslado a otro penal donde los familiares no podrán hacer visitas y, por tanto, los internos no tendrán acceso a las cosas que ahí se pueden llevar”, añadieron.
