- A más de un año de iniciar su gestión, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, enfrenta críticas por negligencia ante lluvias, trato hostil a la prensa, deficiencias en comunicación social y presuntos indicios de corrupción.
Negligencia del gobierno de Veracruz ante damnificados por lluvias
Uno de los principales cuestionamientos a la gestión de Rocío Nahle como gobernadora de Veracruz ha sido la deficiente atención a las comunidades afectadas por las intensas lluvias, donde cientos de familias denunciaron “ligeramente” tardanza en apoyos, falta de coordinación institucional y ausencia de la mandataria estatal en las zonas siniestradas.
Protección Civil estatal y dependencias de asistencia social mostraron incapacidad operativa, lo que derivó en reclamos públicos de alcaldes y ciudadanos que acusaron abandono gubernamental en momentos críticos, generando un desgaste temprano para la administración estatal.
Trato hostil y confrontación con la prensa veracruzana
Otro eje de crítica ha sido el trato prepotente y confrontativo de Rocío Nahle hacia la prensa, particularmente con medios y periodistas que han cuestionado decisiones de su gobierno. En conferencias y declaraciones públicas, la gobernadora ha exhibido desdén hacia el ejercicio periodístico, limitando el acceso a la información y descalificando preguntas incómodas. Además, la gran mayoría de los reporteros que acuden a sus conferencias han destacado en su oficio por la adulación que hacen a quienes ostentan el poder.
Este comportamiento ha sido interpretado por sectores periodísticos como una regresión en materia de libertad de expresión, incompatible con un gobierno que se dice democrático y abierto a la rendición de cuentas.
Fracaso del equipo de Comunicación Social del gobierno de Nahle
La incompetencia del equipo de Comunicación Social de la “gobernanta” -como lo expresó en su comparecencia en el congreso el encargado de esa área- se ha convertido en uno de los principales pasivos políticos de la administración estatal. Diversos analistas coinciden en no saben lo que significa la comunicación política, manejo de crisis y posicionamiento estratégico de la agenda gubernamental.
En lugar de fortalecer la relación con medios profesionales y consolidados, el gobierno ha optado por contratar blogueros sin credibilidad, páginas de Facebook sin impacto social, periodistas improvisados y medios digitales sin reconocimiento y de reciente creación, lo que ha debilitado la narrativa institucional.
Asimismo, se ha señalado la proliferación de “columnistas aplaudidores”, cuya función parece limitarse a exaltar acríticamente a la gobernadora, afectando la credibilidad del discurso oficial y generando rechazo en amplios sectores de la opinión pública.
Colaboradores foráneos y falta de conocimiento de Veracruz
La integración de un gabinete mayoritariamente conformado por funcionarios que no son originarios de Veracruz ha sido otro punto de conflicto. La falta de conocimiento del contexto social, político y regional del estado ha derivado en decisiones erráticas, insensibilidad social y errores operativos, particularmente en áreas clave.
Críticos señalan que esta situación refleja una desconexión del gobierno estatal con la realidad veracruzana, lo que profundiza el descontento ciudadano.
Bonos con tarjetas restringidas a trabajadores de la salud
En el sector salud, la entrega de bonos a trabajadores mediante tarjetas con restricciones de uso generó inconformidad generalizada. Personal médico y de enfermería denunció que los apoyos fueron condicionados, con limitaciones para su disposición, lo que fue interpretado como una medida simulada de apoyo laboral.
Este episodio se sumó a las críticas sobre falta de sensibilidad administrativa y posibles malas prácticas en el manejo de recursos públicos.
Señalamientos y percepción de tufos de corrupción
Aunque hasta ahora no hay resoluciones judiciales en firme, diversos sectores han comenzado a señalar “tufos de corrupción” en áreas estratégicas del gobierno estatal, particularmente en contrataciones, salud, comunicación social y asignación discrecional de recursos.
La opacidad en decisiones clave y la falta de explicaciones claras alimentan la percepción de un gobierno cerrado y oscuro, situación que podría escalar políticamente si no se corrige a tiempo.
Al final, el balance es claro. La incompetencia no es un error administrativo, también es una forma de corrupción. No roba necesariamente dinero en efectivo, pero dilapida confianza, desperdicia recursos públicos, degrada instituciones y profundiza el daño social. Un gobierno que no sabe comunicar, no sabe atender emergencias, no sabe escuchar a la prensa y no conoce el territorio que gobierna, termina siendo funcional a la opacidad y al abuso, aunque se disfrace de buenas intenciones.
Porque cuando se premia la lealtad sobre la capacidad, cuando se paga propaganda en lugar de informar, cuando se simula apoyo social y se gobierna con soberbia, la línea entre ineptitud y corrupción deja de existir. Y en Veracruz, esa frontera parece haberse borrado demasiado pronto.
