Cuando parecía que los gestos, las decisiones y los modos de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, intentaban simular una etapa de reconciliación con la sociedad, la prensa e incluso con su propio gabinete, un nuevo episodio de presunta represión vuelve a colocar a Veracruz en el escaparate internacional y nacional, aunque una vez más por las peores razones.
La detención del reportero Rafael León Segovia en Coatzacoalcos, acusado de manera desproporcionada de “terrorismo”, ocurrida hace unos días, no solo genera preocupación, enciende todas las alarmas por la forma en que se ejecutó y por la fetidez política que la envuelve. No se trata de una simple persecución administrativa. Es una cacería institucional, burda, intimidatoria y ejemplarizante, como han señalado diversos actores políticos.
El caso ha provocado repudio generalizado, visible en redes sociales y espacios de análisis público, pese a que la mandataria estatal se apresuró a negar cualquier forma de censura y a repetir el desgastado mantra de que “todos son iguales ante la ley”, incluidos los periodistas. Una afirmación que se estrella de frente contra los hechos.
León Segovia no fue detenido por un agente de tránsito ni por una patrulla municipal, como correspondería a un asunto vial. Fue detenido por el Ejército mexicano. Soldados. Fuerzas armadas desplegadas contra un civil cuyo único “delito” fue reportar un accidente de tránsito. La escena no solo resulta absurda, es profundamente inquietante.
¿De verdad la Secretaría de la Defensa Nacional no tiene nada mejor que hacer que destinar elementos armados para detener a un ciudadano sin aparente perfil criminal? ¿Este es el nuevo estándar de justicia que se pretende normalizar en Veracruz?
Las descalificaciones contra la primera gobernadora del estado se multiplican, mientras el control de daños -si es que existió- vuelve a exhibir el tamaño microscópico y la torpeza de su equipo de comunicación social y política. Cada explicación oficial no aclara, agrava. Y vale recordar, parafraseando a la histórica revista de humor gráfico Jaja, que “cuando quieren agradar, agreden; y cuando quieren agredir, agradan”.
De acuerdo con la información disponible, León Segovia reportó un accidente en el que estuvo involucrada la hija de una abogada presuntamente cercana al círculo político de Rocío Nahle. A partir de ese momento, el aparato del Estado se activó no para esclarecer los hechos, sino para intimidar.
La respuesta fue desproporcionada, abusiva y reveladora: en lugar de una vía administrativa o civil, se recurrió a una operación de fuerza, confirmando lo que muchos saben y pocos se atreven a decir en voz alta: en Veracruz la ley no se aplica de forma equitativa; se aplica según los vínculos con el poder.
Que el Ejército sea utilizado en un caso de esta naturaleza no es un exceso menor. Es la confirmación de una distorsión profunda del Estado de derecho, donde la fuerza militar deja de proteger a la sociedad y se convierte en instrumento político.
En Veracruz -como en buena parte del país bajo gobiernos de Morena- el Poder Judicial dejó de ser contrapeso y hoy opera como acompañamiento musical del Ejecutivo, tocando el “son del acordeón” que le dictan desde arriba, obedeciendo consignas antes que la ley.
Este caso no puede ni debe verse como un hecho aislado. Para Rocío Nahle y para Morena, como ha ocurrido una y otra vez, “nunca pasa nada”. Todo se explica convenientemente: o no ocurrió, o no ocurrió como se dice, o, ocurrió fuera de cualquier control judicial efectivo.
En opinión del analista político Rafael Cardona: “No podemos tomar en serio lo que dice Rocío Nahle, porque entonces tendríamos que tomar en serio todo lo que he dicho antes, incluso el monto de su riqueza personal, tan inexplicable como las tiendas de lujo en Texas.”
Las declaraciones oficiales pierden crédito cuando se acumulan antecedentes que jamás se aclaran, desde decisiones políticas cuestionables hasta el origen y el tamaño de fortunas personales tan opacas como ofensivas para una sociedad empobrecida.
Lo ocurrido con Rafael León no es nuevo. Forma parte de un patrón cada vez más visible: uso selectivo de la fuerza pública, persecución de ciudadanos incómodos y blindaje absoluto de las redes cercanas al poder.
En Veracruz, lo inexplicable siempre termina explicándose desde el mismo lugar: la impunidad estructural. Pero mientras esa sea la regla, estos abusos no solo continuarán, se normalizarán y se volverán cada vez más descarados.
Los aparentes “moditos” de la ingeniera Rocío Nahle reactivan una de las fábulas más crudas sobre la naturaleza inmutable del poder: la del escorpión y la rana. No se trata de un accidente ni de un desliz circunstancial. Es, simplemente, su naturaleza.
