El gobierno de Veracruz contrató en 2026 deuda pública por más de 4 mil 860 millones de pesos, un dato que dinamita el discurso de disciplina financiera que la gobernadora Rocío Nahle ha sostenido de manera reiterada. No se trata de interpretación, es información oficial registrada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Según el Registro Público Único, el 21 de enero de 2026 el estado contrató dos créditos simples con BBVA México, formalizados el 25 de marzo, por 2 mil 434 millones 980 mil pesos y 2 mil 425 millones 895 mil 142 pesos. Por lo tanto no existe ambigüedad, es deuda nueva, documentada y vigente.
Las condiciones de ambos financiamientos corren a un plazo de 5,191 días -casi 14 años- con vencimiento hasta abril de 2040. La tasa: TIIE a 28 días más 0.85%, con una carga efectiva cercana al 8.82%. Ello significa que son compromisos financieros que rebasan con holgura el periodo de gobierno actual y que amarran ingresos futuros.
El respaldo para ambos créditos es el Fondo General de Participaciones. Es decir, recursos federales que deberían sostener operación y servicios públicos quedan parcialmente comprometidos para cubrir deuda. Un mecanismo legal, sí, pero políticamente incómodo cuando se habla de “contención”.
Con estos nuevos financiamientos, el saldo de la deuda estatal se ubicaría por encima de los 50 mil 727.6 millones de pesos, una cifra que devuelve a Veracruz al terreno de los grandes pasivos históricos.
A este cuadro se suma un elemento que comienza a generar inquietud dentro de la administración pública estatal. Comentarios internos apuntan a que la contratación de estos créditos con BBVA estaría vinculada con la presión ejercida sobre empleados gubernamentales para migrar el pago de nómina a esa misma institución financiera. De confirmarse, no se trataría solo de una decisión financiera, sino de una estrategia de alineación bancaria que traslada los efectos del endeudamiento a la operación cotidiana del aparato estatal.
Los datos están ahí, en plataformas federales, y contradicen el relato. Porque una cosa es mantener indicadores dentro de parámetros “sostenibles” y otra muy distinta es sostener que no se está recurriendo al endeudamiento. Aquí sí hay contratación de crédito, en condiciones de mercado y con impacto a largo plazo.
A esto se suma el elemento de la opacidad. El portal de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) presenta fallas recurrentes en el acceso a la Cuenta Pública, lo que limita la verificación independiente y reduce la trazabilidad de las decisiones financieras.
El resultado es una tensión evidente entre discurso y realidad. Porque en finanzas públicas la transparencia no es retórica, es evidencia. Y cuando los datos oficiales exhiben deuda mientras la narrativa insiste en control absoluto, lo que se erosiona no es solo la credibilidad del mensaje, sino la confianza en la gestión.
