Según la presidenta de la Comisión Estatal de Derecho Humanos (CEDH) Namiko Matzumoto Benítez entre las recomendaciones que han emitido a la Secretaría de Seguridad Pública por violación a derechos humanos, apenas en el 25 por ciento se ha cumplido con la aplicación de sanciones y el resto están en proceso.
Señaló que existe capacitación para los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública por lo que tienen claridad sobre cuáles son sus obligaciones, facultades y lo que no deben hacer; sin embargo, consideró que existe un “pendiente” en cuanto a las consecuencias al transgredir la norma.
“Entonces, en tanto no se sancione a todos los responsables de violar derechos humanos, pues este tipo de actos se seguirán padeciendo”.
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Agregó que se han abierto procedimientos administrativos y han existido sanciones, pero se debe considerar que éstas deben ir acorde a la gravedad de los hechos.
“La ley establece las sanciones que pueden ir desde un apercibimiento privado, público e in incrementando hasta la sanción más grave que es la inhabilitación y hay que considerar que algunas violaciones de derechos humanos a su vez, pueden constituir delito, entonces es importante dar seguimiento por la vía penal”.
Dijo que no se ha reportado al momento sobre alguna inhabilitación como resultado de un procedimiento sancionatorio administrativo.
“Las sanciones se tienen que valorar de acuerdo a la gravedad de los hechos y evidentemente si estamos hablando de una violación grave como tortura o ejecución extrajudicial, ese servidor público definitivamente no puede seguir ejerciendo ese cargo”.
