Debido a que la reestructuración de la deuda pública se realizó durante los años 2017 y 2018, el informe especial sobre su legalidad no quedará concluido en el informe de la cuenta pública 2017, adelantó el auditor del Órgano de Fiscalización Superior, Antonio Portilla Vázquez.
Para concluirlo y subsanarlo, solicitarán a la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado el permiso para terminar la fiscalización de este tema e incluirlo en un apartado especial.
Explicó que de acuerdo a la ley, están facultados para auditar el año pasado, es decir de enero a diciembre de 2017, pero en el caso de la reestructuración, todo el proceso concluyó hasta 2018.
Y al tomar en cuenta que esto se debe a que una parte de la renegociación con los bancos acreedores se realizó el año pasado y la otra se extendió hasta este año, de ahí que están imposibilitados a revisar este último periodo al estar todavía en desarrollo.
“Por ley estamos acotados a un periodo que es el 2017 (…) vamos a presentar un punto de acuerdo a la Comisión Permanente de Vigilancia del Congreso, a efecto de terminar la revisión de la reestructuración lo más pronto posible”, expresó en entrevista posterior a inaugurar la Expo Tecnología Orfis 20.18.
