Este jueves la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a la Fiscalía General de Veracruz (FGE) por la violación a los derechos humanos de July Raquel “N”, detenida por el presunto asesinato de la rectora de la Universidad Valladolid, María Guadalupe Martínez Aguilar.
La Comisión determinó que July Raquel “N” fue víctima de tortura por parte de elementos ministeriales; además, fue golpeada, sufrió amenazas y padeció agresiones sexuales en su traslado a Veracruz.
El 6 de noviembre de 2020, en compañía de sus hijos, fue detenida y llevada a un inmueble de la alcaldía Azcapotzalco. Posteriormente, mientras era trasladada a Xalapa, fue golpeada por policías ministeriales y uno de ellos la agredió sexualmente, pero un médico de la Fiscalía omitió presentar las lesiones,
Continuó siendo golpeada, le pusieron una bolsa negra en la cabeza y fue víctima de amenazas hasta su ingreso al Centro de Reinserción Social en Pacho Viejo, por lo que la CNDH acreditó que vulneraron su derecho a la integridad personal, a través de agresiones físicas, psicológicas y sexuales, que laceraron su dignidad, honra e intimidad.
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Indebidamente, las autoridades involucradas lograron que aceptara que ella participó en la muerte de la ex rectora. Como consecuencia, July “NN” presenta insomnio, ansiedad, hipervigilancia, respuesta exagerada de sobresalto, rechazo a la interacción con hombres y alteración de su respuesta sexual.
“Se determinó que aun cuando los agentes estatales tenían la obligación de garantizar la integridad de la persona detenida hasta que fuera puesta a disposición de la autoridad competente, generando condiciones de seguridad y libres de cualquier acto o contexto de violencia, debido a su género; por el contrario, hicieron uso de técnicas ilegales para obtener su confesión, utilizando su cuerpo y su sexualidad como un elemento más para infligir en ella actos que la afectaron gravemente”, señala.
La CNDH recomendó al Gobierno de Cuitláhauc García Jiménez inscribir a July “N” en el Registro Estatal de Víctimas, así como evaluar si existen otras víctimas indirectas del caso, a fin de que puedan acceder a una reparación integral del daño. Se pidió igualmente al mandatario colaborar en la presentación de las quejas y denuncias que la Comisión Nacional formule ante las instancias correspondientes para que se investigue la responsabilidad de los servidores públicos que hayan participado en los hechos.
La fiscal general Verónica Hernández deberá reparar integralmente el daño causado a la mujer, incluyendo para ello una compensación justa y suficiente; además deberá colaborar en las denuncias y quejas que se presenten para deslindar responsabilidades
También deberá actualizar el Protocolo de diligencias básicas a seguir por el ministerio público en la investigación de los delitos contra la libertad, la seguridad sexual, contra la familia, de violencia de género y feminicidio; así como de otros protocolos para la investigación de delitos contra la integridad personal.
