A escasas semanas de recuperar su libertad, el panorama jurídico para el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, ha dado un giro drástico. Este jueves, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó una nueva imputación en su contra, señalándolo ahora por el presunto delito de peculado, relacionado con el desvío de cinco millones de pesos que originalmente estaban destinados a programas para personas con discapacidad.
Tras una serie de maniobras procesales y tres diferimientos previos -justificados bajo el argumento de complicaciones médicas tanto del exmandatario como de su cuerpo técnico de defensa-, la audiencia finalmente se instaló en las salas de justicia federal.
El último obstáculo hacia la libertad
La comparecencia, que se mantiene en curso tras declararse un receso, resulta determinante para el futuro inmediato de Duarte de Ochoa. Se espera que en las próximas horas la autoridad judicial dicte la medida cautelar de prisión preventiva, lo que anularía sus posibilidades de abandonar el Reclusorio Norte el próximo 14 de abril, fecha en la que daría por cumplida su actual condena de nueve años por asociación delictuosa y lavado de dinero.
De acuerdo con la tesis de la Fiscalía, los recursos en cuestión habrían sido extraídos de fondos sensibles para la asistencia social y redirigidos hacia fines distintos a los estipulados por la ley durante su administración.
El “alud” de carpetas en reserva
Fuentes cercanas al caso han confirmado que esta nueva causa penal podría ser solo la punta del iceberg. Ha trascendido que la FGR mantiene en integración al menos otras 20 carpetas de investigación vinculadas a millonarios desvíos de recursos públicos cometidos durante el sexenio duartista en Veracruz.
Debido a la complejidad del caso, la defensa ha solicitado la duplicidad del término constitucional. Será el próximo martes 17 de febrero cuando el juez de control determine si existen los elementos suficientes para dictar el auto de vinculación a proceso.
Si la justicia federal concede la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público, el exgobernador -quien ya preparaba su salida- deberá permanecer en el centro de reclusión de la Ciudad de México para enfrentar este nuevo capítulo de su largo historial judicial.
