Una ola de denuncias por presuntas retenciones salariales e irregularidades laborales sacude a distintas instituciones del estado de Veracruz, reavivando el debate sobre la corrupción y la fiscalización en la administración pública.
Entre los casos con mayor impacto destaca el de la diputada local por Morena, Dorheny García Cayetano, quien enfrenta formalmente una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por supuestos descuentos no autorizados a los ingresos de sus colaboradores. A esta acusación se suman testimonios públicos de exempleados que señalan prácticas similares por parte de otros representantes populares.
La controversia se extendió también al Tribunal Electoral de Veracruz (TEV). Mediante una denuncia anónima, personal del organismo acusó la existencia de esquemas de coerción en los que presuntamente se exigía la entrega de un porcentaje del sueldo a cambio de mantener la estabilidad laboral, además de señalar episodios de acoso, amenazas y hostigamiento.
Diversos sectores han demandado la intervención inmediata de las autoridades para realizar investigaciones exhaustivas que deslinden responsabilidades y protejan a los denunciantes. Especialistas advierten que, de acreditarse estas prácticas sin sustento legal, los implicados podrían enfrentar graves sanciones administrativas, laborales y penales.
