Xalapa, Ver.- En un acto que reafirma la política de cerrazón y el manejo discrecional de la justicia en Veracruz, la Fiscal General del Estado, Lisbeth Aurelia Jiménez, confirmó este martes la vinculación a proceso del periodista Rafael León. Sin embargo, lo que pretendía ser un ejercicio de transparencia terminó en un monólogo oficialista: la funcionaria leyó un comunicado y huyó de la sala, prohibiendo cualquier cuestionamiento de la prensa sobre las inconsistencias del caso.
El giro en la acusación: Del terrorismo al encubrimiento
Tras la detención del comunicador el pasado 24 de diciembre, la Fiscalía General del Estado (FGE) dio un paso atrás en la narrativa inicial. Aunque en un principio se le intentó estigmatizar con el delito de “terrorismo”, la presión mediática y la falta de sustento jurídico obligaron a la institución a reformular sus cargos.
Durante la audiencia de este 30 de diciembre, el juez de control dictó el auto de vinculación a proceso, pero exclusivamente por los delitos de encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública. Como medida cautelar, se le impuso el resguardo domiciliario por el lapso de un año, una determinación que, si bien le permite abandonar el penal, mantiene una mordaza legal sobre su actividad profesional.
Simulación de libertad de expresión
Frente a los micrófonos, la Fiscal Jiménez aseguró que la institución actúa con “estricto respeto a la libertad de expresión”. No obstante, la realidad fuera del guion oficial contradice sus palabras. Al término de la lectura del comunicado, la fiscal bloqueó cualquier intento de los reporteros por obtener detalles sobre la carpeta de investigación, por lo que las dudas quedaron en el aire sobre por qué se utilizó inicialmente la figura de terrorismo y cuáles son las pruebas reales que ligan al periodista con el supuesto favorecimiento delictivo.
Un mensaje de amedrentamiento
Este caso se suma a la larga lista de agravios contra el gremio periodístico en la entidad. Al fabricar delitos que luego son “ajustados” sobre la marcha, la Fiscalía de Veracruz parece más interesada en enviar mensajes de amedrentamiento que en la procuración de justicia real.
La vinculación de Rafael León, bajo el cargo de delitos contra las instituciones de seguridad -una figura jurídica frecuentemente señalada por organismos de derechos humanos como ambigua y represora-, pone en entredicho la “buena fe” que presumió la Fiscal en su discurso.
Mientras tanto, el proceso continúa entre sombras. La FGE promete “investigaciones transparentes”, pero en la práctica, la transparencia en Veracruz sigue siendo un concepto que se termina en cuanto el funcionario cierra la carpeta y abandona el estrado sin mirar a la cara a los reporteros.
Este episodio refleja que la justicia en Veracruz no se explica, se impone. El caso de Rafael León es el vivo ejemplo de cómo el sistema judicial puede ser moldeado al antojo de quien ostenta el poder, utilizando delitos “comodín” para justificar detenciones que carecen de rigor técnico, pero sobran en carga política.
