La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) informó al Congreso que el día 15 de noviembre del año en curso, emitió el “informe especial sobre el contexto de violencia que enfrentan las personas que ejercen el periodismo y los medios de comunicación en el estado de Veracruz”.
Por ello propuso al Gobernador y Presidentes Municipales de Veracruz a tomar en consideración los estándares nacionales e internacionales, así como la Recomendación General 24 “Sobre el ejercicio de la libertad de expresión en México”.
“Es necesario que las dependencias de gobierno, así como los municipios que conforman dicha entidad federativa, implementen campañas de sensibilización y reconocimiento sobre el trabajo de las personas que ejercen el periodismo, tanto a los servidores públicos como a la sociedad en general, con el objeto de propiciar que su labor se realice con plena libertad y sin ningún riesgo de violencia”.
Concretamente, al Gobernador Cuitláhuac García Jiménez y al Congreso del Estado les requirió de abstenerse de presentar iniciativas o proponer reformas legislativas que tengan por objeto criminalizar la libertad de expresión en aquella entidad.
“Por el contrario, deben asumir como un compromiso público la promoción de normas y políticas públicas que favorezcan la libertad de expresión y el trabajo de las personas de las y los periodistas”.
La Comisión planteó que cualquier agresión a las personas que ejercen el periodismo y los medios de comunicación debe condenarse e investigarse de manera pronta y diligente.
Finalmente a la Fiscalía del Estado le recomendó que en los casos en donde la víctima sea una mujer periodista, por ningún motivo las y los servidores públicos y las instituciones deben hacer comentarios o publicar comunicados en los que se empleen estereotipos de género que puedan afectar la imagen de la agraviada, pues además de que se criminaliza a la víctima se dificulta su acceso a la justicia.
“Es necesario que en la Fiscalía General del Estado se revisen todas y cada una de las indagatorias relacionadas con agresiones o afectaciones a personas que ejercen el periodismo o medios de comunicación, atendiendo en todo momento la línea de investigación relacionada con la labor periodística y la perspectiva de género”.
Finalmente recomendó que en los casos donde las víctimas, sus familiares, testigos y representantes legales que participen en las indagatorias relacionadas con agresiones a periodistas se encuentren en riesgo, se adopten medidas de protección específica y suficiente a su favor.
“Que las y los servidores públicos que tengan a su cargo la investigación de los delitos cometidos en contra de periodistas informen de manera periódica a las víctimas y sus familiares sobre el avance de las investigaciones”.
En su informe la Comisión destaca que Veracruz es la entidad federativa en la que se han registrado la mayor cantidad de homicidios en México, con 23 homicidios de los 153 registrados en todo el territorio.
“La situación antes descrita da cuenta de un contexto de violencia muy grave en contra de las personas que ejercen el periodismo y los medios donde laboran, que no puede desligarse del incremento de la violencia contra otros sectores de la población y de la presencia del crimen organizado, pero que resulta necesario analizarla conjuntamente con las prácticas normativas e institucionales”.
