El alcalde de San Andrés Tuxtla, Octavio Pérez Garay, dijo que hay elementos suficientes para proceder en contra su antecesor Manuel Rosendo Pelayo por un presunto daño patrimonial de 56 millones de pesos, por lo que pidió aplicar la ley.
“Claro que existen elementos que puedan presumir desvíos, se trata de obras inconclusas y muchas que no están en operación dado que no se realizaron de buena manera, yo confiaría en que los organismos de Fiscalización del estado cumplan con su trabajo y se aplique la ley.”
Pérez Garay, criticó que muchas de las veces los responsables no son llevados a juicio.
“Porque muchas de las veces, quienes cometen esos desfalco no son llevados a la justicia y no cumplen o no pagan con sus responsabilidades, ahí tenemos el caso específico de la Cuenta 2016, la cual presentamos denuncias pertinentes previo a lo que el ORFIS presentará su denuncia y hasta el día de hoy no ha pasado nada.”
Respecto a las obras, dijo que muchas de estas no están terminadas.
“Yo te puedo decir que las obras no están terminadas, que las obras no están operando y si no se robaron esos 56 millones de pesos, a todas luces hubo un mal manejo de los recursos, lo cual pediría que se reintegre ese dinero y va en detrimento de las finanzas.”
El Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2017, reporta la detección de anomalías en el uso de recursos públicos por la cantidad de 56 millones 397 mil 250 pesos con 80 centavos, mismos que según detallan, debieron aplicarse en obra pública pero no fueron solventados durante el procedimiento de análisis efectuado a las aclaraciones y documentación justificante, y comprobatoria, presentadas, por lo cual se presume la existencia de daño patrimonial a la Hacienda Pública Municipal que encabezó Manuel Rosendo Pelayo.
