La Fiscalía General del Estado (FGE) formalizó ante el Congreso del Estado de Veracruz la solicitud de declaración de procedencia en contra del presidente municipal de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, a fin de retirarle el fuero constitucional y proceder legalmente en su contra por la desaparición del empresario minero Héctor Ramos Sánchez y su escolta, Ignacio López.
De acuerdo con la carpeta de investigación de la representación social, ambas víctimas fueron vistas por última vez el 14 de mayo, tras acudir a un inmueble propiedad del edil ubicado en la localidad de Barra de Chachalacas.
Entre las pruebas recabadas por el ministerio público destaca el testimonio de la pareja del empresario, quien refirió que Ramos Sánchez le comunicó previamente que acudiría al sitio por indicación del alcalde para sostener un encuentro con un presunto líder del crimen organizado en la zona.
Aunado a ello, los peritajes de telefonía celular integrados al expediente ubicaron los dispositivos de las dos víctimas y del funcionario municipal en el mismo perímetro geográfico durante un lapso de tres horas el día de los hechos.
Tras recibir la solicitud formal de la FGE, el Poder Legislativo notificó al edil sobre el inicio del procedimiento de desafuero. Bravo Montero dispone de un plazo que vence el 28 de julio para acudir ante la Comisión Instructora a rendir declaración, presentar elementos de prueba o manifestar lo que a su derecho convenga.
Una vez desahogada la fase probatoria y los alegatos, la Comisión Instructora elaborará el dictamen correspondiente para someterlo a votación del Pleno. De aprobarse el retiro de la inmunidad procesal, la decisión no prejuzga sobre la responsabilidad penal del imputado; únicamente faculta a las autoridades ministeriales y judiciales para actuar conforme a la ley.
