Este jueves la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y del Consejo de la Judicatura de Veracruz, Isabel Inés Romero Cruz, presentó ante el Congreso Local su iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial. Lo anterior a fin de homologarla con las nuevas disposiciones emanadas de la reforma en materia de justicia laboral, que establece la puesta en marcha de los juzgados laborales en la Entidad a partir de octubre de 2021.
 
En la exposición de motivos, Romero Cruz señala la necesidad de que el PJE armonice su legislación estatal a las nuevas disposiciones nacionales..

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En su propuesta, se estipularía que el Poder Judicial se regirá también bajo los principios de disciplina, integridad, rendición de cuentas, eficacia, austeridad, economía, transparencia y lo integrarían además, los juzgados en materia laboral.
 
Se añadiría que el Poder Judicial del Estado tendría adicionalmente la atribución de resolver a través de dichos órganos jurisdiccionales, los conflictos que se susciten entre los trabajadores y patrones, solo entre aquellos o sólo entre éstos, derivados de las relaciones de trabajo o de hechos relacionados con ellas, conforme al Apartado A, del artículo 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo.
 
De igual forma, tendría competencia para atender los conflictos laborales de las universidades e instituciones de educación superior dotadas de autonomía en el Estado, en términos de las disposiciones legales aplicables, así como agotar la instancia conciliatoria conforme al marco legal aplicable.
 
El PJE tendía igualmente la atribución, por conducto del Tribunal de Conciliación y  Arbitraje, para resolver las controversias laborales que se suscite entre les Poderes Judicial o Legislativo y sus trabajadores; entre la administración pública estatal y municipal con sus empleados; así coma entre los órganos autónomos del Estado y sus empleados en los términos que fijen las leyes locales
 
En la iniciativa se propone que el pleno del Tribunal Superior de Justicia se abocará también a resolver sobre los conflictos de competencia a que se refiere la fracción I del artículo 705 Bis de la Ley Federal del Trabajo y resolver la recusación a que se refiere el artículo 709 A de la misma conforme al procedimiento establecido en dicho ordenamiento.
 
En cuanto a la integración de los juzgados laborales, se plantea que sea por un juez, secretario instructor, jefe de Unidad de Causa, jefe de Unidad de Sala, a actuario: y demás personal que el Pleno del Consejo determine y el presupuesto permita.
 
De aprobarse la propuesta de la presidenta del TSJ, se estipularía que el Consejo de la Judicatura, adoptará en el ámbito de su competencia, todas aquellas medidas y/o adecuaciones pertinentes para dar cumplimiento al Decreto.
 
Además se instruiría al Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Finanza y Planeación (SEFIPLAN), hacer inmediatamente ajustes presupuestales correspondientes, y dotar al Poder Judicial del Estado, de los recursos necesarios para dar debido cumplimiento a la reforma legal.

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