Debido a que existe el riesgo a un contagio de coronavirus en la prisión de Pacho Viejo, la excomisionada del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), Yolli García Álvarez, consiguió la suspensión definitiva de un juez federal para que se garantice su Derecho a la Salud.
La exfuncionaria reclamó la falta de implementación de medidas sanitarias en el centro de reclusión para atender la emergencia sanitaria entre los internos y el personal.
García Álvarez se encuentra vinculada a proceso señalada de los delitos de ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad y coalición desde el pasado 2 de abril del año en curso, dentro de la causa penal Causa Penal 101/2020.
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En su amparo, tramitado ante un juez federal de Veracruz, García Álvarez también reclama que se le mantengan privada de su libertad con motivo de la medida cautelar de prisión preventiva necesaria.
Señala que aunque ya se dictó auto de vinculación no se hizo mayor pronunciamiento sobre la necesidad de la medida, asunto que sigue sin resolverse.
Además, la excomisionada sostiene que no existen medidas efectivas para prevenir el contagio del virus COVID-19, lo cual impacta en su derecho a la salud y eventualmente, en el derecho a la vida, al existir un riesgo inminente de un posible contagio del virus en virtud de las condiciones de sobrepoblación de tal reclusorio.
El juez federal otorgó la suspensión para que las autoridades responsables establezcan las medidas sanitarias necesarias y eficaces para evitar la propagación y contener el virus de que se trata, “a efecto de preservar y salvaguardar la salud de la interna ahora quejosa”.
Además, el juez federal determinó que el juez de la causa puede promover revisión de la prisión preventiva y podrá analizar si es o no procedente reiterarle tal medida de aseguramiento o implementar una diversa.
“Máxime que en el contexto que se vive, precisamente fue con motivo de la pandemia que los poderes legislativo y ejecutivo, promulgaron la Ley de Amnistía, que pugna por despresurizar las cárceles a efecto de disminuir la situación de sobrepoblación y proteger con mayores recursos materiales a los internos de los centros de reclusión”.
