Ante la falta de certeza sobre las consecuencias de la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto de obligaciones a las que están sujetos los concesionarios mexicanos de radio y televisión en el ejercicio de la libertad de expresión, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) exhortó al Congreso de México a impulsar un debate abierto, plural y apegado a los principios de libertad de expresión que permita reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
El pasado 28 de agosto, la SCJN invalidó un decreto aprobado por el Congreso de la Unión en 2017, por el cual se realizaron modificaciones a la mencionada ley, con el fin de eliminar la obligación de diferenciar entre opinión e información en los noticieros de radio y televisión, así como la facultad del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para emitir lineamientos sobre los derechos de las audiencias.
Con la decisión de la Corte quedó vigente el marco legal anterior a 2017 que, entre otras cosas, faculta a un regulador a denunciar si algún programa de radio cumple con los lineamientos de distinguir entre información y opiniones.
La SCJN determinó la existencia de violaciones graves al procedimiento legislativo que impactaron en la calidad democrática de la decisión finalmente adoptada. Concretamente consideró que no se respetó el derecho a la participación de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria, en condiciones de libertad e igualdad. La Corte no fue al fondo del asunto.
Te puede interesar: Ni con la derecha ni con López Obrador: qué busca (y ofrece) la ‘tercera vía’ en México
Ante esa situación, Jorge Canahuati, presidente de la SIP expresó su preocupación ante la posible amenaza de poner límites a derechos universales que garantizan la libertad de información y opinión en los medios, bajo la excusa de velar por los derechos de las audiencias.
Asimismo, instó al Congreso mexicano a impulsar un proceso legislativo plural en el que se escuche la opinión de diversos actores, entre ellos los afectados, las empresas de radio y televisión.
Sería desastroso para México que se censuren las libertades de prensa y expresión o que se alineen esas disciplinas a la voluntad de alguna ideología partidaria o política”, destacó.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, dijo que la legislación que se adopte debe dar certeza jurídica a concesionarios, comunicadores y trabajadores de los medios, permitiéndoles desempeñar sus funciones desde la autorregulación, la libertad y la autonomía editorial.
El también director del diario La Voz del Interior, de Argentina, recordó que los gobiernos de Venezuela, Nicaragua y El Salvador crearon leyes y decretos disfrazados de ventajas para la población, pero que terminaron con un efecto bumerán en contra de los medios y el derecho del público a la información.
