Si no hay reintegros por el fallido Sistema Estatal de Videovigilancia, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), puede proceder en contra de Jaime Téllez Marié, extitular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares.
Otro involucrado puede ser el extitular de la Unidad Administrativa de la SSP, Guillermo Moreno Sentiés, hijo del extitular de Finanzas en dicha administración, Guillermo Moreno Chazzarini.
Al respecto, el titular de la Secretaría de Finanzas, José Luis Lima Franco, sostuvo que el actual Gobierno del Estado está coordinado con la ASF para dar seguimiento a las observaciones hechas a la cuenta pública 2018 de Veracruz.
Advirtió que en caso de que no se reintegre el dinero, habrá nuevas denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y recordó que el daño patrimonial a las cuentas de 2018 se concentra en la SSP por parte de la ASF.
“Son sus tiempos, son sus procedimientos, y ya lo que sigue es hacer el resarcimiento de los daños. La Auditoría Superior de la Federación le va a pedir a los funcionarios que en su momento autorizaron los pagos de las Cámaras de Vigilancia y que el tema es que no sirven.
“Entonces tendrán que pedirles que se resarza el daño, el monto que se mencionó, que se reintegre. En caso de que no se haga tendrán que venir las denuncias penales contra cada funcionario”, subrayó.
El secretario añadió que corresponde a la Contraloría General del Estado (CGE), determinar si la empresa COMTELSAT tiene responsabilidad por no cumplir con los parámetros técnicos de la licitación e instalar cámaras que no sirven.
Aclaró que la responsabilidad ante cualquier irregularidad puede recaer contra el funcionario que en su momento autorizó la compra del equipo de vigilancia.
“Debe de ser el titular de la Unidad Administrativa o en su momento, quizá el titular, ya depende de la ASF. Lo que nos corresponde es coordinarnos y dar la información que corresponda”, mencionó Lima Franco.
Cabe recordar que la ASF auditó 350 millones de pesos federales que el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares utilizó para el Programa de Cámaras de Vigilancia en el Estado durante 2018, concluyendo que el 100 por ciento están observados por posible daño patrimonial.
Sin embargo, la administración de panista generó un presunto daño patrimonial de casi mil 100 millones de pesos por el fallido sistema estatal de videovigilancia, según denuncias que ya fueron presentadas por el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), en 2019.
