Xalapa, Ver.- Del año 2011 al 2017, el Órgano de Fiscalización Superior logró recuperar recursos del orden de los mil 617 millones 618 mil 850 pesos con 72 centavos, informó el auditor general Antonio Portilla Vázquez.
Lo anterior derivado de diversos recursos revisados, donde tan solo en 2017 se tomaron en cuenta muestras financieras que van del 63.20 % al 80.72% de los ingresos del Gobierno del Estado; además de muestras técnicas del 86.80% de los recursos ejercidos en obra pública del Gobierno del Estado.
Con muestras técnicas del 64.91% de los recursos ejercidos en obra pública Municipal, además de los resultados determinados en auditorías financieras, técnicas a la obra pública, de deuda pública, de legalidad y de desempeño, tanto en Entes Estatales como en Entes Municipales.
Toda la información ha sido remitida al Congreso del Estado a través de la Comisión de Vigilancia, para que se proceda conforme lo marca la legalidad en estos casos.
Asimismo, toda esta información es pública y se puede acceder por medio de la página electrónica del ORFIS, que elaboró la versión ciudadana del Informe de la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas 2017, publicada en la liga http://www.orfis.gob.mx/irfscp2017vc/.
“Este documento, concentra datos relevantes de la fiscalización a las cuentas públicas del año 2017, correspondiente a los 343 entes públicos auditados”, detalló el Auditor del Estado.
Los conceptos revisados, destacan Cuentas bancarias no registradas contablemente; anticipos a sueldos y salarios, así como de obra pública no amortizados y/o recuperados; anticipos de contratistas pendientes de amortizar; cuentas por cobrar no recuperadas; cancelación de cuentas sin soporte documental.
Así como pagos de gastos de ejercicios anteriores no reconocidos contablemente; pago de accesorios de contribuciones; pagos de remuneraciones superiores a lo que establece el tabulador; traspasos de recursos entre fondos no reintegrados a sus cuentas bancarias de origen; saldos de Deudores Diversos cancelados sin evidencia documental; erogaciones sin comprobación documental.
También erogaciones y/o donativos sin evidencia de que hayan sido recibidas por los beneficiarios; erogaciones comprobadas con documentos que no cumplen con los requisitos de autenticidad; adquisiciones de bienes o servicios sin observancia a la normativa aplicable; falta de enteros de obligaciones fiscales a las instancias competentes en la materia.
