La diputada local Daniela Griego Ceballos, negó que con la reforma a la Ley 287 de Pensiones del Estado se pongan en riesgo el pago a pensionados y jubilados, las finanzas del Instituto de Pensiones del Estado (IPE) y mucho menos las finanzas públicas de Veracruz.
Lo anterior al rechazar los argumentos expuestos por el gobernador Miguel Ángel Yunes para negarse a promulgar dicha Ley —misma que fue aprobada por unanimindad en el Congreso del Estado el pasado 27 de julio— y en cambio devolverla al Congreso con una serie de observaciones.
“Uno de los argumentos del por qué no se publica la reforma es que dicen que traería un costo económico que mermaría las finanzas del IPE y no es así, la reforma no pretende eso; cuando nosotros llegamos (al Congreso) hace dos años ya estaban bastante disminuidas las finanzas del IPE”, dijo la diputada durante entrevista con reporteros de la región.
Este miércoles, la diputada Daniela Griego, quien preside la Comisión Especial Para Estudiar y Proponer Alternativas a la Problemática del IPE en la LXIV Legislatura, sostuvo una reunión con jubilados y pensionados de la región de Córdoba-Orizaba.
Recordó que las finanzas de ese Instituto se han venido mermando desde hace varios años, incluso el monto de la deuda actual asciende a cerca de 9 mil millones de pesos, tal y como lo reconoció hace unos días su director.
El monto referido corresponde a una deuda heredada por gobiernos anteriores por 8 mil millones de pesos, incluyendo los saqueos de la Reserva Técnica y a los préstamos que no han sido recuperados.
A ello se suman otros 900 millones correspondientes a la deuda del gobierno actual y que obedece a retroactivos no pagados por trabajadores recién jubilados y que no han recibido los pagos de sus pensiones. También se incluye adeudos derivados de la falta de pago de los patrones a las cuotas de sus trabajadores, entre ellos varios Ayuntamientos, el Poder Judicial, la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), institutos tecnológicos y otros organismos.
LO QUE NO LES GUSTÓ DE LA REFORMA
Así, la diputada Daniela Griego, consideró que el rechazo a la reforma a la Ley del IPE obedece a cuatro aspectos centrales.
El primero de ellos, dijo, se debe a la modificación al artículo 98 de la Ley que con la reforma establece al Estado como garante u obligado para cubrir el déficit que se pudiera presentar de manera anual, teniendo que aportar el monto necesario para cubrir dicho déficit.
El segundo aspecto se debe a la inclusión de un artículo transitorio para reconocer la antigüedad de los trabajadores, tiempo de cotización y edad, sin afectar los derechos adquiridos.
Un tercer aspecto corresponde a la reforma hecha al funcionamiento de los órganos de gobierno del IPE, para que participen los propios sindicatos y pensionados en las decisiones que allí se tomen, “y tampoco les pareció mucho”.
Un cuarto aspecto, apuntó la diputada Daniela Griego, se encuentra en el rechazo del gobierno estatal y la actual dirección del IPE a las medidas de transparencia y rendición de cuentas implementadas en la reforma con las que se busca combatir la opacidad con que funciona el Instituto, tales como la instalación de un Comité de Transparencia y de una Unidad en la materia, así como la obligación de hacer públicas las sesiones del Consejo Directivo y la entrega periódica de estudios financieros, entre otros.
Además, la legisladora morenista por el distrito X de Xalapa I lamentó que el Ejecutivo, además de los titulares de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) y del propio Instituto de Pensiones del Estado se hayan negado atender las solicitudes que periódicamente les fueron entregadas por escrito por la citada comisión “para que discutieran con nosotros y juntos pudiéramos encontrar salidas al IPE”.
Recordó que por casi dos años la comisión a su cargo sostuvo reuniones y foros con representaciones sindicales, jubilados y pensionados, a las cuales fueron convocados los funcionarios referidos y que pese a su ausencia, derivaron en la citada reforma.
Por último, agregó que en medio de la discusión mundial y nacional en torno a los sistemas de pensiones, “lo que hemos hecho en Veracruz con la colaboración de organizaciones y sindicatos es defender este derecho y por otro lado que se reconozca la obligación del Estado de garantizar ese derecho, eso es lo que no les ha gustado mucho”.
