Los hechos de represión que han padecido por parte del Gobierno de Cuitláhuac García no amedrentan a los concesionarios de los centros de verificación en Veracruz.
Sin importar la detención y posterior liberación del líder de los dueños de verificentros en Veracruz, Eduardo Mario “N”, ellos siguen negándose a aceptar que el Gobierno del Estado realice el cobro de sus servicios y buscan ampararse ante la justicia federal.
A la fecha, jueces federales en Veracruz han admitido las demandas de amparo promovidas por los propietarios de los centros de verificación.
Los concesionarios están inconformes con la medida aprobada por el Congreso local el 21 de diciembre de 2020, cuando los diputados trasladaron los servicios de cobro de verificación vehicular a la SEFIPLAN, argumentando que afecta sus ingresos.
Entonces los legisladores también determinaron que los recursos derivados de la venta de certificados holográficos sean regulados únicamente a través del Código de Derechos para el Estado.
Al respecto, los concesionarios promovieron amparos en contra del decreto número 830 que fue publicado el 29 de enero de 2021 y han criticado que el Gobernador, Cuitláhuac García, justifique la medida señalando corrupción con el manejo de los hologramas.
Ante esta situación propietarios de verificentros como Honorato Teutli Chiunti, Roberto Hernández Landa, Mauricio Borbolla López, Jhonny Francisco Meza Seseña, Loren de Jesús González Martínez y Guillermina Meza Sánchez, ahora buscan la protección de la justicia federal.
Cabe señalar que la reforma aprobada por el Congreso a propuesta del Ejecutivo ha generado la movilización de los concesionarios, quienes esta semana se manifestaron en Xalapa.
Incluso el pasado 16 de marzo el representante de los inconformes, Eduardo Mario “N”, fue detenido mientras se manifestaba con dueños de centros de verificación, en las inmediaciones de la Secretaría del Medio Ambiente.
Ese día se tenía contemplado que los dueños de verificentros realizaran una marcha y plantón de protesta contra las disposiciones del gobierno estatal.
Eduardo Mario “N” fue vinculado a proceso por el delito de ultraje a la autoridad, sin embargo, posteriormente fue liberado con el pago de una fianza.
