Xalapa, Ver. A través de una Carta Abierta, integrantes del Consejo Estatal Ciudadano de la Comisión Estatal de Búsqueda, exhortaron al gobernador Cuitláhuac García Jiménez a que se anuncien y operativicen los recursos destinados para la búsqueda, así como el plan de trabajo y alcances de la Declaratoria de Programa Emergente por Crisis de Violaciones Graves de Derechos Humanos en Materia de Desaparición de Personas que anunció en su toma de posesión al inicio de su gobierno.
Pidieron que, dada la relación institucional con la Fiscalía General del Estado se requiere su intervención para destinar recursos en tareas primordiales como el aumento en la plantilla del número de ministerios públicos y fiscales en la Fiscalía Especializada en Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas así como en el aumento en la plantilla de peritos acreditados y capacitados para intervenir los lugares de hallazgos.
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Además que, con base en el Comunicado de Prensa DGC/141/2020 emitido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos donde se exhorta a los gobernadores para que atiendan de forma prioritaria la problemática de la desaparición de personas y en favor de las víctimas, en cualquier circunstancia […] deben continuar realizando acciones concretas para atender la problemática, aún en el marco de la actual emergencia sanitaria y nunca debe perderse de vista la importancia de estar del lado de las víctimas, ya que, en muchos de estos casos, las Familias realizan las tareas búsqueda, más allá del esfuerzo de los gobiernos, el Consejo consideró prioritario atender no solo a lo expresado en dicho exhorto, sino a la necesidad manifiesta de las Familias de Personas Desaparecidas por encontrarles.
Recordaron que, el pasado 30 de abril, conforme a la calendarización de la 7ª reunión de la Comisión de Evaluación y Seguimiento (CeyS) que ha representado, para las Familias de Personas Desaparecidas, integrantes de colectivos y para el Consejo Estatal Ciudadano, un espacio donde conocen de las autoridades sobre el avance en la implementación de la Ley 677 y los avances respecto al cumplimiento del Plan General de Intervención del Predio La Guapota, se esperaba contar con información suficiente y con sustento científico sobre la intervención y procesamiento de los indicios y restos humanos exhumados en las fosas del Predio La Guapota.
Sin embargo, como respuesta, en primer lugar, se aludió a la situación de la pandemia y del detenimiento de las labores de recuperación de restos.
No obstante, el Consejo y las Familias representantes de colectivos, tocante a las actividades de la Dirección de Servicios Periciales en el procesamiento de las evidencias, ha encontrado que al menos durante el periodo de recuperación en la fosa piloto y la última fosa intervenida, de restos recuperados correspondientes al menos a 10 personas (número mínimo de individuos), en solamente uno de los casos se tiene completa la información del perfil genético y dictámenes colegiados.
“Tras 10 meses de iniciados los trabajos de recuperación de restos en el predio La Guapota, que solo se tenga completa la información de identificación de un cuerpo es inadmisible y no puede seguir siendo el argumento en el retraso de los trabajos a causa de la contingencia por COVID-19”, acusaron.
Asimismo refirieron que la Dirección General de Servicios Periciales tampoco dio cuenta del procesamiento de otros indicios distintos a los restos humanos, se limitaron exclusivamente a decir que los indicios no tenían ADN.
“Tampoco nos dieron en dicha reunión información relativa a la construcción de la osteoteca, lugar para el resguardo de los restos del cual se ha hablado en múltiples ocasiones pero del cual no tenemos información sobre su construcción o el proyecto y los recursos que se destinarán para construirlo”, añadió.
