Desvío de recursos y enriquecimiento ilícito son los delitos que tendrá que enfrentar Karime Macías Tubilla, una vez que sea extraditada de Reino Unido, y traída a México para hacer frente a las denuncias que existen en su contra tanto en el ámbito estatal como en el federal.

Por un lado la Fiscalía General de Veracruz la señala del delito de desvío de recursos y fraude específico por un monto de 112 millones de pesos en agravio del DIF Estatal.

De acuerdo con la investigación, se le acusa de haber usado su cargo como presidenta del organismo asistencial para para suscribir y pagar contratos de compra venta, con por lo menos 6 empresas inexistentes, mejor conocidas como ‘empresas fachada’ o ‘empresas fantasmas’, ello para la supuesta adquisición de equipo médico, productos multivitamínicos, sistemas de purificación de agua, sistemas de captación pluvial, sanitarios biodegradables, artículos electrodomésticos, paquetes escolares y otros”, dijo Jorge Winckler, fiscal general de Veracruz.

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En el ámbito federal, la Fiscalía General de la República la acusa del delito de enriquecimiento ilícito por un monto de 20 millones de pesos.

El 11 de julio de 2016 la entonces PGR inició la carpeta de investigación FED/SEIDF/UEIDFF-VER/0000691/2016 en contra de Duarte y su primer círculo familiar por la denuncia presentada por Miguel Ángel Yunes Linares.

A ellas se integró el acta circunstanciada AC/UEIDFF/010/2016 abierta un mes antes, por una denuncia anónima interpuesta en contra del exgobernador de Veracruz por enriquecimiento ilícito.
Ese fue el punto de partida de las investigaciones que permitieron corroborar presuntas irregularidades entre los recursos económicos detectados en las cuentas bancarias de Duarte y su esposa, respecto a los ingresos de los mismos.

En síntesis fueron 20 millones de pesos que supuestamente transitaron por las cuentas sin actividades (legales) que las amparen. Dinero que incluso pudo llegar al extranjero.

Para verificar lo anterior la Subprocuraduría de Delitos Federales de la entonces PGR obtuvo información de distintas instituciones federales, entre ellas la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Comisión Nacional Bancaria de Valores, y la Procuraduría Fiscal de la Federación. Incluso se solicitaron asistencias internacionales a Estados Unidos, España y Costa Rica.

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