Las condiciones laborales de personal de los centros públicos de investigación serán menoscabadas estaría en riesgo si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revierte la jurisprudencia número 196 en materia de derechos laborales.
El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Julio Antonio García Palermo, dijo que la intención es trasladar a los empleados del apartado A, que se rige por la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del estado, al apartado A, regido por la Ley Federal de Trabajo.
Advirtió que mientras en el apartado A hay negociación colectiva, el personal académico se puede sindicalizar, y asegura garantías a todo el personal, el apartado B no permite la huelga y es unilateral porque el patrón tiene la capacidad de reconocerte o no en cualquier momento, dado que el personal en el apartado B es personal de confianza.
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“Si la Corte sustituye esa jurisprudencia, organismos como el Ciesas, centros públicos del país veríamos la posibilidad de que no se respeten los contratos colectivos o que quienes se integren estén en una condición de discriminación laboral”.
Indicó que aunque a los actuales trabajadores no se les podría afectar porque la ley no es retroactiva, consideró que la ciencia y los empleados no tendrán un buen futuro.
“Nos aplicaríamos a la no retroactividad, pero el futuro de la educación y la investigación estaría en grave riesgo, se verían afectados quienes se integren a estos centros, la lucha es por los que vienen”.
