• En los pasillos del gobierno de Veracruz, su nombre se dice en voz baja. No por respeto. Por miedo.

Rodrigo Calderón Salas, secretario ausente de Desarrollo Agropecuario, en el gobierno de Veracruz de la morenista Rocío Nahle, operador reciclado y cacique tardío, ha edificado -según múltiples testimonios recogidos en la región- una estructura paralela de poder que funciona al margen de la institucionalidad y bajo una lógica simple: la familia manda, las instituciones obedecen.

No es rumor. No es exageración. Es la radiografía de un cáncer político que ha avanzado durante años sin ser detenido.

I. El operador que fracturó a Morena y entregó el territorio

A sus 67 años, Calderón volvió al escenario estatal cobijado por la campaña de la hoy gobernadora Rocío Nahle. Pero en vez de sumar, desarmó la operación electoral morenista en la región. El caso más emblemático: Atzalan.

Documentos internos, testimonios de militantes y voces dentro del comité municipal coinciden en la misma historia:

  • La candidatura fue entregada a Jesús “Chuchín” Méndez Herrera, panista del grupo de Alba Leonila.
  • El candidato natural, Baruch García Bocarando, fue desplazado sin explicación.
  • La base morenista fue ignorada, humillada y luego abandonó las urnas.

Resultado: derrota anunciada, y el distrito local perdido antes de empezar.

“Fue un pacto oscuro. Nadie lo dice abiertamente, pero todos saben quién lo cobró”, afirma un operador que participó en la selección de perfiles.

La misma fuente agrega: “Rodrigo no perdió Atzalan. Lo negoció.”

II. La red familiar: una estructura tan visible que nadie la toca

La operación atribuida a Calderón tiene un sello inconfundible: los puestos se reparten por parentesco, no por perfil.

Los nombres son insistentes:

  • Rubén Villagrán Calderón, sobrino, operador en salud, educación, agua potable y espacios comunitarios.
  • Samantha Hernández Villagrán, sobrina, incrustada en IMSS-Bienestar y señalada por manipulación de padrones.
  • Presunta parejas sentimentales y socios políticos, colocados en Recursos Humanos de la Jurisdicción Sanitaria.
  • José Carlos Viveros Romero, jefe de Riesgos Sanitarios, acusado por empresarios, clínicas, hospitales, purificadoras y restaurantes por supuestos cobros ilegales y extorsión administrativa.

Un restaurantero de San Rafael lo resume de manera brutal: “Antes pagabas por agilizar un trámite. Ahora pagas para que no te destruyan.”

Las denuncias se multiplican. Pero no avanzan.

III. Jurisdicción Sanitaria: siete años de control, siete años de silencio

La Jurisdicción Sanitaria de la región se convirtió en la pieza maestra del clan. Durante siete años, según personal interno, la institución fue capturada de arriba a abajo.

Los nombres que la controlaron forman parte del mismo circuito:

  • Salvador Piña
  • Rubén Villagrán
  • Dulce Alejandra Badillo
  • Óscar Virués Gómez
  • José Carlos Viveros Romero

Testimonios coinciden en las mismas prácticas:

  • asignación discrecional de plazas,
  • manipulación de recursos,
  • condicionamiento de permisos sanitarios,
  • hostigamiento a comerciantes,
  • amenazas veladas,
  • silencios obligados.

La salida de Salvador Piña fue tardía. “Una cirugía aplicada después de la muerte”, dice un médico que trabajó bajo su dirección.

IV. El Tecnológico y la CAEV: instituciones colonizadas

El Tecnológico de Martínez opera bajo un patrón similar. El director, Isidro Rodríguez Montoro, señalado como imposición política, mantiene vínculos directos con operadores del clan.

Y, de nuevo, aparece el sobrino: Rubén Villagrán, mencionado por manipulación de ingresos propios, decisiones de asignación y control interno. El manejo es tan descarado -según testimonios de profesores- que decisiones administrativas relevantes se consultan fuera de la institución.

En la CAEV ocurre lo mismo: Sahuindanda Hernández Pérez fue colocado con el mismo impulso político. Las quejas sobre cobros adicionales, retrasos intencionados y control territorial se acumulan.

V. SEDARPA: el secretario ausente que sí aparece cuando se trata de su hijo

Mientras el campo veracruzano sufre:  plagas que destruyen hectáreas, crisis citrícola histórica, afectaciones ganaderas tras la contingencia pluvial, abandono de productores, falta de censos y asistencia técnica, el titular de SEDARPA está donde menos se le necesita.

Productores de Tlapacoyan, Misantla, San Rafael y Martínez coinciden: “SEDARPA no vino. Nunca vino.”

Y sin embargo, Rodrigo Calderón sí apareció con toda su fuerza en la ExpoFeria Agropecuaria San Rafael 2025, señalada por diversos actores como plataforma de lanzamiento para su hijo, rumbo a una diputación local.

El campo se cae a pedazos. Pero la sucesión familiar avanza.

VI. Un gobierno vulnerado desde adentro

Lo que se observa en Veracruz no es un caso aislado, ni un exceso puntual, ni una mala decisión administrativa.

Es -según testimonios recabados durante semanas- la consolidación de un sistema de control familiar incrustado en las estructuras públicas.

Un régimen en miniatura. Un feudo dentro del Estado.

Un grupo que opera con impunidad, que decide candidaturas, manipula instituciones y presiona sectores económicos completos.

La conclusión es inevitable: El problema no es sólo Rodrigo Calderón. Es el silencio cómplice que lo sostiene.

VII. Cuando el Estado se convierte en familia, el ciudadano deja de existir

El nepotismo no es anécdota: es devastación institucional.

Cuando las instituciones responden a un apellido y no al interés público, el Estado deja de funcionar.

  • Los productores quedan abandonados.
  • Los empresarios quedan expuestos.
  • Los trabajadores son rehenes.
  • La militancia es usada y desechada.
  • El territorio se negocia.
  • Los cargos se entregan.
  • Las elecciones se pierden antes de empezar.

En Veracruz, una frase se repite entre quienes conocen la operación del clan:  “No gobiernan para el pueblo. Gobiernan para la familia.” Y esa es la grieta que, si no se atiende, puede romperlo todo.

Y mientras todo esto ocurre -candidaturas negociadas, instituciones capturadas, operadores familiares incrustados como termitas, productores abandonados y estructuras públicas convertidas en feudos domésticos- el gobierno insiste en que Veracruz ya está construyendo el “segundo piso de la transformación”.

Un segundo piso, sí. Pero con cimientos de nepotismo, columnas de complicidad, muros de silencio y acabados de simulación.

Un segundo piso tan sólido que, si uno toca la pared, suena hueco. Tan moderno que ya viene equipado con departamento para el hijo, oficina para el sobrino y estacionamiento para los operadores. Tan transformador que, en vez de ascensor social, solo tiene montacargas para los de siempre.

En Veracruz no se está construyendo un segundo piso. Se está ampliando la casa de la familia Calderón. Y, como siempre, el pueblo -ese que dicen defender- se queda abajo, mirando cómo el “segundo piso” se levanta con materiales públicos, pero a nombre privado.

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