Alberto Olvera Rivera, investigador del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales (IIH-S) de la Universidad Veracruzana (UV), opinó que el problema de acceso a la justicia no permite que se consolide una ciudadanía empoderada ante el Estado mexicano, durante la presentación del libro La justicia denegada. Ensayos sobre acceso a la justicia en Veracruz.
El evento fue el jueves 22 de noviembre en el Auditorio “Gonzalo Aguirre Beltrán” del IIH-S, con la participación de Sandra Hincapié Jiménez, investigadora de ese instituto; Estela Casados González, profesora de la Facultad de Antropología, y Laura Ruelas Monjardín, investigadora de El Colegio de Veracruz, moderadas por Víctor Andrade Guevara, investigador del IIH-S.
Alberto Olvera comentó que el problema del sistema de justicia en el país es que su contenido siempre fue antitético del régimen; es decir, se castiga o deja de castigar a voluntad política, hay un orden jurídico operativo que es permeable, plástico, moldeable y se adapta a las decisiones del político en turno.
Por eso, subrayó que es importante insistir en que la defensa de un Estado de derecho es esencial para salir de la crisis que se vive en el país y en la entidad; así como exigir el respeto de los derechos ciudadanos y que las instituciones de justicia funcionen con autonomía.
Dijo que a lo anterior se suma que existe una escasa cultura jurídica entre la sociedad, no se tiene una cultura de la exigencia; somos una sociedad acostumbrada a vivir fuera del orden jurídico.
Este libro es útil porque trata de hacer comprensible y menos complicado el discurso del sistema de justicia mexicano, lo cual es imprescindible para formar una ciudadanía crítica y empoderada ante el Estado.
Por su parte, Estela Casados dijo que esta obra invita a reflexionar sobre el colapso institucional del sistema de justicia para entender lo que vivimos y cómo somos afectados en materia de acceso a la justicia.
“Cada uno de los capítulos da testimonio de la precariedad en la que encontramos a las instituciones, a través de las cuales sectores poblacionales diversos –con temáticas y situaciones puntuales– urgen que se les atienda y resuelva, pero en donde no prevalece más interés que administrar la situación de caos y corrupción.”
Mencionó que han sido las organizaciones de la sociedad civil las que atienden y coadyuvan a la solución de dicha problemática, ya que las instituciones al no tener un empuje por parte de la sociedad han fortalecido su inoperancia y por ende no hay un acceso a la justicia.
Laura Ruelas comentó que el libro ilustra bien las limitaciones a las que se enfrenta la justicia ambiental, al presentar dos casos emblemáticos de la injusticia e impunidad: la explosión de la Planta de Clorados III de Petroquímica Mexicana de Vinilo en Coatzacoalcos y el desastre ambiental en Coatzintla originado por la ruptura de un oleoducto.
Señaló que las principales barreras son: de tipo procesal, los excesivos y complejos requerimientos de cada una de las esferas de protección y el complejo sistema de competencias, las leyes ambientales son confusas y poco claras, y las de orden cultural relacionadas con la ignorancia sobre el derecho vigente.
Por último, Sandra Hincapié mencionó que el principal aporte es que permite relacionar prácticas estatales concretas sobre el acceso o denegación de la justicia, al citar casos específicos que permiten analizar prácticas que deniegan justicia y que responden a un orden que las permite, las agencia, las sostiene, casi las hace deseables, para la permanencia de los mecanismos de poder.
“La pervivencia de estos mecanismos de corrupción sistemática establecida por un orden cerrado que permanece y que se abrió de forma elitista sólo en el centro del país, que en buena medida explica las dinámicas de violencia y expansión del crimen organizado.”
