El Congreso del Estado avaló este jueves la iniciativa de Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el Estado de Veracruz.
En ella, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez planteó crear la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica, órgano desconcentrado de la Secretaría de Seguridad Pública.
Lo anterior para investigar y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita que se efectúen en el Estado.
De acuerdo con la oposición, la creación de dicho órgano invade las esferas de operación de las autoridades de procuración de justicia, no solo a nivel local, sino que pasa por encima de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
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Además, de acuerdo con los legisladores del blanquiazul, abre la posibilidad de persecuciones políticas a quienes no comulguen con el Gobierno estatal.
La Ley otorga la facultad a García Jiménez de manejar el recurso federal para la seguridad y disponer cómo utilizarlo a las autoridades municipales, según los legisladores del PAN.
Cabe recordar que durante su intervención en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, el propio mandatario dijo que el 95 por ciento de los delitos que se cometen en todo el país son de índole local, lo que los munícipes no quieren “asumir a plenitud”.
Un mes después, el mandatario presentó la iniciativa aprobada hoy con 32 votos a favor y nueve en contra.
Sin embargo, dicha propuesta establece también que en los “casos de fuerza mayor o alteración grave del orden público”, las policías municipales deberán acatar las determinaciones del Poder Ejecutivo.
Al respecto, el coordinador de los diputados del PAN, Omar Miranda, dijo que se incluye un capítulo de delitos contra el funcionamiento del Sistema Estatal de Seguridad Pública, sanción que antes era administrativa y ahora se convierte en penal.
Añadió que las atribuciones de la nueva Dirección de Inteligencia Patrimonial y Económica, así́ como una Unidad de Análisis e Inteligencia, puede invadir competencias establecidas del Sistema de Administración Tributaria y su Unidad de Inteligencia Fiscal, donde se permite entre otras cosas, fiscalizar los crecimientos patrimoniales, cuentas bancarias o financieras, tanto de ciudadanos como de servidores públicos.
Asimismo, se contempla que los servicios de carrera vigentes en las Instituciones de Seguridad Pública a la fecha de entrada en vigor del ordenamiento, deberán ajustarse a los requisitos, criterios y procedimientos que establecen la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y esta Ley, en un plazo no mayor a un año.
A su vez, el personal adscrito a las unidades, áreas u órganos de la Secretaría que cambien de denominación serán readscritos a las nuevas estructuras administrativas que absorban las funciones específicas que desempeñaban, y les serán respetados su antigüedad y derechos que les correspondiere al momento de la entrada en vigor del ordenamiento.
