La Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia, luego de que tres exdirectivos fueran vinculados a proceso y enviados a prisión preventiva por presuntos delitos de incumplimiento de un deber legal y peculado.
La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, advirtió que el caso no tendrá excepciones ni interferencias políticas y que las investigaciones “irán hasta donde tengan que llegar”. La declaración se dio tras la detención de Sergio “N”, Víctor de Jesús “N” y Frida Narayana “N”, quienes permanecerán un año en prisión preventiva por determinación de un juez de control.
Nahle sostuvo que las acciones del gobierno estatal no responden a decisiones improvisadas, sino a un proceso iniciado meses atrás, derivado de denuncias por irregularidades administrativas y financieras dentro de la institución. Entre los señalamientos destacan adeudos a docentes, deficiencias operativas y afectaciones directas a estudiantes, principalmente en la entrega de documentos oficiales y en la regularidad de las clases.
Ante ese escenario, la administración estatal solicitó la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera y sostuvo reuniones con representantes de fundaciones, autoridades universitarias y personal administrativo. De acuerdo con la gobernadora, dichas indagatorias permitieron detectar “fuertes irregularidades”, lo que derivó en la presentación de denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
“Es ya mi gobierno y yo tengo que actuar, sea quien sea”, afirmó la mandataria, al subrayar que se trata de una obligación legal y no de una persecución política.
El caso quedó en manos del Poder Judicial, que será el encargado de determinar la responsabilidad de los imputados conforme avance el proceso penal.
En paralelo, el gobierno estatal asumió el control total de la UPAV mediante decreto. La prioridad, señaló Nahle, es garantizar la continuidad académica de los estudiantes y regularizar la situación laboral de los docentes.
Precisó que los adeudos a maestros deberán ser cubiertos con recursos localizados en las fundaciones vinculadas a la operación de la universidad, mientras que el estado comenzará a asumir los pagos que correspondan conforme avance la reorganización administrativa.
La gobernadora reconoció que la absorción de la institución tendrá impacto presupuestal, pero defendió la medida como necesaria para preservar el acceso a la educación superior. “Para eso son nuestros impuestos”, expresó.
Finalmente, reiteró que el caso no tendrá trato especial y que las investigaciones continuarán hasta el deslinde total de responsabilidades. “Irá hasta donde tenga que llegar”, puntualizó.
