Este martes, bajo el manto de una sesión nocturna -esas donde suelen cocinarse los platos más fuertes- el Congreso de Veracruz discutirá el dictamen que redefine por completo el futuro de la Fiscalía General del Estado. Y aunque en el discurso se hable de “modernización institucional”, en los pasillos legislativos todos saben lo mismo: el movimiento abre la puerta para la salida de Verónica Hernández Giadáns.
El proyecto, integrado por las Comisiones Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y de Procuración de Justicia, se construyó a partir de tres iniciativas con un propósito común: desmontar el modelo de nueve años al frente de la Fiscalía y colocar uno en el que el Ejecutivo retoma un rol central. Tan central, que sin su aval no se mueve ni el aire.
El nuevo diseño: rapidez quirúrgica, control milimétrico
El dictamen establece que la persona titular del Ejecutivo propondrá al próximo Fiscal y el Congreso tendrá apenas cinco días hábiles para aprobarlo. Si no lo hace, se aprueba solo. Si lo rechaza, llega una segunda propuesta. Si tampoco la atiende, también se aprueba.
Una fórmula perfecta para evitar “dilaciones”, dicen las comisiones. Otros le llaman lo que es un mecanismo que garantiza que la voluntad del Ejecutivo pase, quiera quien quiera.
El periodo se reduce a cuatro años, con posibilidad de una sola ratificación, también decidida por el Ejecutivo. Es decir, si la Fiscalía quiere un segundo aire, dependerá enteramente de Palacio de Gobierno, no de su desempeño ni de un análisis legislativo.
Remoción exprés y una autonomía reinterpretada
La reforma también abre la puerta para que el Ejecutivo remueva al Fiscal por causas graves, con el Congreso facultado para objetar en los mismos cinco días. Si no lo hace, la remoción queda firme por default.
La autonomía constitucional, aseguran los dictaminadores, sigue intacta. Solo se ajusta la “coordinación institucional”. Llamarle “coordinación” a un modelo donde un poder define nombramientos, ratificaciones y remociones, es un acto de creatividad política digno de concurso.
Los argumentos oficiales: menos burocracia, más velocidad
De acuerdo con el dictamen, el modelo actual fomenta negociaciones, retrasos y vacancias prolongadas. El remedio, dicen, es una estructura con decisión rápida y una “cadena clara de responsabilidad”.
Pero lo que para unos es claridad, para otros es concentración. Y en Veracruz, la historia reciente demuestra que cuando una institución depende demasiado de un poder político, la justicia se vuelve un ejercicio de lealtades, no de leyes.
Lo que viene
El dictamen fija un plazo de 120 días para ajustar la Ley Orgánica de la Fiscalía y entrará en vigor al día siguiente de su publicación. Los nombres de posibles perfiles que enviaría la gobernadora Rocío Nahle ya circulan, aunque ninguno es oficial.
Mientras tanto, en el Congreso cada uno afina su discurso. Unos hablarán de eficiencia, otros de institucionalidad. Nadie mencionará abiertamente lo obvio.
Al final, esta reforma no pretende que la Fiscalía funcione mejor. Solo pretende que funcione más cerca. Más cerca del poder que decide, del poder que nombra, del poder que remueve.
Porque en Veracruz ya no se discute si la Fiscalía debe ser autónoma, sino qué tan cómoda debe sentirse con quien manda. Y hoy, más que un órgano constitucional, parece que lo que se busca es una Fiscalía a la medida pero no de la ley, sino de la silla que ocupa el Ejecutivo.
