El crimen organizado ha expandido su control en las actividades económicas del País y ahora controla el flujo de mercancías en ciudades de al menos 10 estados.
Transportistas y líderes de cámaras de comercio describieron que las bandas delictivas no sólo extorsionan y cobran derecho de piso a las empresas para repartir sus productos, sino que determinan cuáles marcas pueden distribuirse por región y cuáles no.
La delincuencia bloquea el paso a unidades de reparto al momento de la entrega, alcanza a los conductores y con armas de fuego prohíbe la venta de productos o verifica que la unidad no lleve mercancía “prohibida” en la zona.
“Mediante notificaciones de ‘clientes’ sobre productos vetados, prohíben la comercialización de marcas que no sean las que ellos manejan o las decomisan”, explicó uno de los denunciantes.
Y mediante llamadas telefónicas les advierten a comerciantes que ellos se han adjudicado el control de la distribución y venta de ciertas mercancías. Operadores y agentes de venta que se oponen sufren agresiones físicas o son privados de su libertad.
Las ciudades donde ejercen control de mercancías son Culiacán, Veracruz, Matamoros, Irapuato, León, Morelia, Guadalajara, Zapopan, Zacatecas, Tijuana, Tepic, Reynosa, Laredo, Teloloapan, Cd. Altamirano y Arcelia.
Pero el problema va creciendo.
En Morelos, las tortillerías han decidido bajar sus cortinas ante las extorsiones y los ataques constantes.
En Zinacantepec, Estado de México, se han quedado sin rastros para procesar pollo vivo, debido a las extorsiones de ‘La Familia Michoacana’.
Miguel López Fiesco, especialista del sector transporte, indicó que el problema comenzó hace cinco años en el Estado de México, pero se ha agravado y se ha extendido a Michoacán, Guerrero y Jalisco.
Ahora, dijo, las bandas delictivas deciden horarios, precios y las marcas que se distribuyen, lo que afecta a transportistas y al consumidor final.
