Tras la revelación de una red de estafas inmobiliarias en Veracruz -con especial incidencia en la zona metropolitana de Xalapa-, el gobierno de Rocío Nahle, a través de la Secretaría de Gobierno (Segob) encabezada por Ricardo Ahued, ha reconocido de manera oficial, la posible participación de jueces, funcionarios del Registro Público de la Propiedad y notarios en esta clase de esquemas diseñados para el despojo patrimonial inmobiliario. Sin embargo, el reconocimiento institucional no ha venido acompañado de lo indispensable en un Estado de derecho: la identificación pública de los presuntos responsables.
La semana pasada, en conferencia de prensa, Ricardo Ahued sostuvo que no será encubridor de nadie, “ni de abogados, ni de funcionarios”, y afirmó que desde la Segob no se tolerará, bajo ninguna circunstancia, la colusión de servidores públicos en actos ilícitos. La declaración, correcta en lo formal, aún espera ser respaldada con acciones concretas.
El posicionamiento no es nuevo. En mayo de 2019, en entrevista con Palabras Claras, antes de asumir la Dirección General de Aduanas en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Ahued sentenció: “Lo que sea derecho va a pasar; lo que sea chueco, por mí no va a pasar”. El mismo discurso sostuvo durante su segundo periodo como presidente municipal de Xalapa, bajo la consigna reiterada de “cero tolerancia a la corrupción”.
Y hasta ahora, los hechos acompañan su narrativa personal. A Ricardo Ahued no se le conocen actos indebidos, ni en su etapa vinculada al Partido Revolucionario Institucional -donde fue alcalde y diputado local-, ni tras su incorporación al proyecto de Morena, fuerza política con la que llegó al Senado y regresó a la presidencia municipal de la capital veracruzana. Su trayectoria, en lo individual, permanece sin mácula.
El problema no parece ser el funcionario, sino el entorno. Más específicamente, algunos de los personajes que han orbitado en su círculo cercano durante los cargos públicos que ha desempeñado, particularmente en sus administraciones municipales, y ahora, en su papel como uno de los principales operadores políticos del actual gobierno estatal.
Desde hace varios años, por ejemplo, lo acompaña un personaje de historial opaco, quien durante el periodo cuitlahuista fungió como operador y consejero del entonces secretario de Gobierno. No se trataba de una experiencia inédita. Durante más de dos décadas desempeñó funciones similares al lado de un conocido y acaudalado empresario xalapeño, a quien terminó defraudando no sólo en el ámbito personal, sino mediante prácticas presuntamente delictivas como la doble venta y escrituración de terrenos en la zona residencial de Las Ánimas. Estas operaciones generaron múltiples denuncias que, paradójicamente, terminaron afectando al propio empresario, quien con denuedo enfrentó y resolvió el problema. Adicionalmente, el personaje habría utilizado inmuebles propiedad de su “amigo”, para obtener beneficios económicos personales, hasta que fue descubierto y separado del encargo en condiciones poco decorosas.
Este antecedente adquiere mayor relevancia a la luz de la carpeta de investigación FIM/F8/140/2022, integrada por la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales. En ella señalan a David Jiménez Rojas —exdirector del Registro Público de la Propiedad y de Inspección y Archivo General de Notarías, y hoy subsecretario de Educación en Veracruz— como presunto integrante de una red de corrupción que operaba desde el interior del propio Registro Público, institución adscrita a la Segob, entonces bajo la titularidad de Eric Cisneros, y en la que también habría tenido influencia el hoy “incondicional” colaborador de Ahued.
De acuerdo con dicha investigación ministerial, esta red habría falsificado documentos oficiales para legalizar el despojo de predios en municipios como Actopan, Puente Nacional, La Antigua, Xalapa y Alto Lucero, beneficiando a actores con poder político y económico, mediante la adjudicación irregular de tierras a cambio de fuertes cantidades de dinero.
¿Hasta dónde tuvo conocimiento de estas prácticas el cercano colaborador de Ricardo Ahued, quien desde el cargo que ocupó en el Ayuntamiento de Xalapa, también fue señalado por favorecer a familiares directos en la asignación de obra pública?
El tiempo descubrirá las responsabilidades administrativas y penales, y se espera que la omisión no sea la historia de siempre. Porque si los discursos de legalidad no se traducen en nombres, expedientes judicializados y sanciones ejemplares, la corrupción no se combate; simplemente se administra.
La sociedad veracruzana siempre ha considerado a Ricardo Ahued Bardahuil como una persona sencilla, honorable y discreta en su vida privada y pública. Y creemos que el ahora secretario de gobierno lo sabe muy bien y desea fervientemente que continúe esa considerada percepción de la gente sobre su persona, en lo empresarial y en lo político.
