El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito ratificó de forma unánime que, hasta el momento, no existe un mandato de captura, comparecencia o presentación judicial en contra de la exsecretaria de Salud de Veracruz, Guadalupe Díaz del Castillo Flores.
No obstante, los magistrados federales puntualizaron que esta resolución no frena ni anula las indagatorias vigentes por el millonario daño patrimonial detectado en los Servicios de Salud de Veracruz (Sesver) durante el cierre de la administración de Cuitláhuac García Jiménez.
Un amparo “a ciegas” contra 43 autoridades
La resolución del tribunal ratifica el sobreseimiento del juicio de amparo que la defensa de la exfuncionaria promovió el 15 de mayo de 2025. En aquel momento, ante el temor de una investigación hermética o una detención inminente, Díaz del Castillo recurrió a la justicia federal señalando a 43 instancias —entre ellas fiscales anticorrupción, jueces de control, la Policía Ministerial y la Guardia Nacional—.
Durante el litigio, los propios abogados de la exsecretaria admitieron que desconocían los datos básicos del caso: no contaban con el número de carpeta de investigación, el expediente, el juzgado de origen ni fechas de posibles audiencias.
Debido a que todas las corporaciones y juzgados señalados negaron formalmente haber emitido o solicitado algún mandamiento judicial o intervención en su contra, el Juzgado Segundo de Distrito en Xalapa desechó el recurso, criterio que ahora confirma la instancia superior. Los magistrados aclararon que este fallo no es un certificado de inocencia, sino la constatación de que actualmente no se ha liberado una orden de aprehensión.
A pesar de librar la detención inmediata, el paso de Guadalupe Díaz del Castillo por Sesver se mantiene bajo un estricto escrutinio fiscal debido a las profundas irregularidades detectadas en la Cuenta Pública 2024:
- La Auditoría Superior de la Federación exige aclarar el destino de 1,078 millones de pesos por movimientos a cuentas no autorizadas y falta de comprobación. A esto se suma un descuadre de 2,003 millones de pesos entre el presupuesto asignado a nómina y los comprobantes fiscales emitidos.
- El Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz detectó un presunto daño patrimonial por 83 millones de pesos. De esa cifra, 56.6 millones corresponden a anticipos entregados a la firma Grupo Antber, S.A. de C.V. para adquirir equipos y sistemas fotovoltaicos destinados a clínicas clave en Xalapa, Coatzacoalcos, Veracruz, Córdoba y el Centro Estatal de Cancerología, los cuales presentan irregularidades en almacenes.
