Aunque parezca exagerado, la credibilidad de Rocío Nahle se erosiona a velocidad preocupante. A quince meses de iniciado su gobierno, los hechos desmontan el discurso oficial: inseguridad en ascenso, opacidad persistente, ineptitud gubernamental, señalamientos de corrupción y decisiones que hoy gravitan negativamente sobre la entidad.
Formada políticamente bajo el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, Nahle García llegó al poder en medio de alertas que hoy encuentran sustento. Lo que en campaña se descalificó como ataques opositores -ineficiencia, corrupción en Dos Bocas, centralización del poder, prepotencia y conducción errática- se ha convertido en una percepción cada vez más extendida entre la ciudadanía.
El episodio más reciente que sacudió al estado fue la circulación de un video de violencia extrema presuntamente vinculado al crimen organizado. Este tipo de materiales, utilizados como instrumentos de intimidación pública, no solo exhiben la brutalidad de los grupos criminales, sino también la fragilidad institucional para contenerlos. La grabación, atribuida a hechos en el sur de la entidad, amplificó el clima de temor y proyectó una imagen de descontrol más allá del ámbito local.
Días antes, el 13 de marzo, la realidad había enviado señales inequívocas. Cuatro bolsas con restos humanos fueron abandonadas bajo el puente Coatzacoalcos I, en la avenida Río Bravo. La crudeza del hallazgo contrastó con una respuesta oficial imprecisa, reforzando la percepción de desconexión entre la gravedad de los hechos y la reacción gubernamental.
En este contexto, la presencia de fuerzas federales no ha logrado revertir la percepción de deterioro. A pesar de operativos y despliegues de alto nivel, el problema persiste, lo que sugiere que la crisis de seguridad rebasa la lógica de contención inmediata y apunta a fallas estructurales más profundas.
Parte de estas tensiones se explica por la recomposición del mapa criminal en la entidad durante los últimos años. Diversos reportes y filtraciones han apuntado a posibles omisiones o debilidades institucionales en administraciones previas que habrían facilitado la expansión de ciertos grupos delictivos. El resultado ha sido una disputa territorial sostenida entre organizaciones criminales que se disputan economías ilícitas como el robo de combustibles, el narcotráfico y la trata de personas, particularmente en zonas estratégicas del estado.
Los datos respaldan esta percepción. De acuerdo con mediciones del INEGI, la sensación de inseguridad ha mostrado un repunte en regiones clave de Veracruz entre 2024 y 2025, especialmente en áreas urbanas del centro y sur, lo que confirma que el problema no es únicamente mediático, sino socialmente tangible.
La negación de la realidad y la culpa al pasado
A este escenario se suma la gestión polémica en materia energética. Ante reportes de un derrame en el Golfo de México, la reacción inicial de Rocío Nahle fue negar los hechos. Posteriormente, deslindó responsabilidades hacia empresas privadas, sin pruebas, vinculando el origen del problema a contratos heredados de administraciones anteriores.
La inconsistencia es evidente. Si las operaciones señaladas se encuentran dentro del marco legal, entonces corresponden a un esquema regulatorio que pudo haber sido revisado y corregido. Eso lo pudo haber realizado Nahle cuando fue secretaria de Energía en el sexenio de López Obrador. Si no lo están, la omisión institucional adquiere un carácter más grave. En ambos casos, la responsabilidad política no desaparece.
En el plano del ejercicio del poder, el estilo de gobierno también incide en el problema. La relación con medios de comunicación y actores críticos se ha caracterizado por la mediocridad, una comunicación reactiva, poco abierta al cuestionamiento y más orientada a la confrontación que a la rendición de cuentas. Este enfoque no solo limita el debate público, sino que debilita los mecanismos de corrección interna.
El resentimiento errático
Veracruz enfrenta así una doble crisis. Primero, una de carácter estructural, marcada por la violencia y la disputa criminal, y, la segunda, de conducción política, definida por la negación, la ineptitud, la presunta corrupción, la opacidad y la falta de autocrítica. Ello es reflejo del deterioro progresivo de la gobernabilidad.
En este contexto, cobra sentido la reflexión del humanista español Gregorio Marañón sobre el resentimiento como motor de decisiones erráticas: cuando el poder interpreta la crítica como agravio y no como insumo, se vuelve menos capaz de corregirse. Y en política, la incapacidad de rectificar a tiempo suele tener costos acumulativos.
A estas alturas, la pregunta no es si hubo señales de alerta, sino por qué, pese a ellas, no se han realizado ajustes de fondo.
