Al vencimiento del término constitucional de las 72 horas y tras encontrar elementos suficientes de su probable participación en la comisión de los delitos de desvío de recursos, tráfico de influencias, abuso de poder, incumplimiento de un deber legal y coalición, la juez de control Alma Aleida Sosa Jiménez dictó la vinculación a proceso a Francisco Valencia García, ex titular de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV).

Además, definió un plazo de seis meses para la investigación complementaria en los que la Fiscalía General del Estado (FGE) realizará diversas indagatorias.

También demostrará en su momento que en lo ilícitos estuvo implicado el ex gobernador Javier Duarte de Ochoa y Mauricio Audirac

Durante la primera parte de la audiencia de vinculación a proceso, como parte del procedimiento 56/2017 que se le sigue por los delitos de peculado, tráfico de influencias, incumplimiento de un deber legal, coalición y abuso de autoridad, la defensa no logró demostrar que el hoy vinculado nada tuvo que ver en la autorización de transferencias de los fondos de la CAEV por un total de 435 millones de pesos en los ejercicios fiscales 2013 y 2014 mientras se desempeñaba como titular de la dependencia.

La Fiscalía General del Estado aportó como datos de prueba diversos oficios donde Mauricio Audirac Murillo y Carlos Aguirre, ambos ex funcionarios de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) solicitan, en 2013 y 214 transferencia de fondos de la CAEV, provenientes de diversos programas federales a esa dependencia.

Además, complementó con los oficios que a su vez Francisco Valencia giró a otros colaboradores, especialmente a Noé Rodrigo Hernández Hernández subdirector administrativo de la CAEV que aparentemente es quien ordena las transferencias.

También, presentó otros siete donde desde la CAEV se solicita a la Secretaría de Finanzas y Planeación que devuelva el dinero, facilitado en calidad de “préstamo”.

La defensa señaló que la FGE ni siquiera logró acreditar la calidad de servidor público, pues no existe el nombramiento oficial que lo avale.

Sin embargo, fue su único argumento, pues los demás, principalmente basados en que no podrían fincarse cinco tipos penales por las mismas circunstancias de tiempo, modo y lugar, fueron refutados por la FGE.

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