- Una investigación de Palabras Claras revela cómo la burocracia, los altos costos y presuntas prácticas de corrupción en el Ayuntamiento de Xalapa han convertido la regularización comercial en un negocio millonario que golpea a pequeños empresarios.
Apenas 3 de cada 10 comercios están regularizados en Xalapa
En Xalapa, abrir un negocio no significa emprender ni generar empleo. Para miles de ciudadanos representa entrar a un laberinto de trámites, pagos, inspecciones y requisitos que terminan por asfixiar económicamente a pequeños y medianos comerciantes.
Bajo el discurso oficial de “ordenar el comercio”, el Ayuntamiento morenista de Xalapa ha construido una estructura administrativa que, lejos de incentivar la formalidad, parece operar como una maquinaria recaudatoria donde cada permiso tiene costo, cada validación implica desgaste y cada oficina se convierte en un filtro burocrático.
Una investigación de Palabras Claras documenta que en la capital veracruzana existen aproximadamente 34 mil comercios. Sin embargo, apenas unos 10 mil cuentan con registro formal ante la autoridad municipal, es decir, menos del 30 por ciento del universo comercial.
La cifra refleja no sólo el tamaño de la informalidad, sino también el fracaso de una política económica incapaz de generar confianza entre quienes intentan abrir o regularizar un negocio.
Daniela Griego y Fernando Arana, bajo críticas por burocracia comercial
Detrás de ese modelo administrativo aparece la estructura política impulsada por la morenista Daniela Griego Ceballos -quien ya se promueve como la sucesora de Rocío Nahle- y ejecutada desde la Dirección de Desarrollo Económico por Fernando Arana Watty.
Empresarios y comerciantes consultados señalan que la autoridad municipal vive desconectada de la realidad económica de la ciudad. Mientras miles sobreviven con ingresos mínimos y enfrentan rentas elevadas, impuestos y gastos operativos, desde el Ayuntamiento ‘humanista’ se insiste en presumir “certeza administrativa” y programas de regularización difundidos en redes sociales.
Los testimonios recabados coinciden en que regularizarse en Xalapa no representa una oportunidad de crecimiento, sino una prueba de resistencia financiera y psicológica.
Inspectores, multas y clausuras: el temor del pequeño comerciante
Los llamados Giros Tipo A -cocinas económicas, estéticas, panaderías, cafeterías, consultorios, farmacias, lavanderías, funerarias y pequeñas misceláneas- representan el sector más vulnerable del comercio local.
Se trata de negocios familiares que sobreviven con márgenes mínimos y que, paradójicamente, se han convertido en el objetivo más frecuente de inspecciones municipales.
Comerciantes entrevistados aseguran que muchos inspectores utilizan la falta de permisos o irregularidades administrativas para presionar con multas, advertencias de clausura y requerimientos difíciles de cumplir para negocios pequeños.
“La visita empieza con observaciones y termina en negociación”, resume uno de los empresarios consultados.
Giros Tipo B y Tipo C: el negocio detrás de los permisos
La presión administrativa aumenta en los Giros Tipo B, donde entran pollerías, rosticerías, restaurantes, pizzerías, carnicerías, pescaderías y establecimientos con venta de alcohol.
En estos casos, comerciantes denuncian mayores niveles de discrecionalidad, favoritismo y presuntas prácticas de corrupción alrededor de permisos y autorizaciones.
Pero el verdadero viacrucis comienza en los Giros Tipo C y C+, considerados de “alto riesgo” por comercializar bebidas alcohólicas.
Ahí inicia una cadena de trámites que empresarios describen como una “industria paralela” alimentada por gestores, validaciones técnicas y requisitos que parecen multiplicarse conforme avanza el expediente.
Uso de suelo y Protección Civil: trámites que cuestan hasta 30 mil pesos
El primer obstáculo aparece en el área de Desarrollo Urbano.
Si el inmueble no cuenta con uso de suelo comercial, el propietario debe tramitar la actualización y solicitar un cambio a uso mixto. El procedimiento puede costar entre 15 y 20 mil pesos.
Para muchos pequeños empresarios xalapeños, esa cifra representa varios meses completos de ingresos.
Después llega el segundo filtro. contratar a un “tercer acreditado”, especialista certificado por Protección Civil estatal encargado de elaborar el plan de emergencia del negocio.
El servicio tiene un costo adicional de entre 10 y 12 mil pesos.
El resultado es demoledor: antes de vender legalmente una cerveza, un comerciante puede haber desembolsado más de 30 mil pesos únicamente en trámites, validaciones y documentos administrativos.
Comerciantes acusan negocio institucional con la regularización
Empresarios consultados por Palabras Claras sostienen que el sistema municipal no está diseñado para facilitar la formalidad, sino para monetizarla.
Cada requisito abre una nueva ventanilla; cada ventanilla implica tiempo, dinero y desgaste; y alrededor del proceso prosperan gestores, intermediarios y presuntos intereses enquistados dentro de la estructura administrativa.
Pese a ello, Fernando Arana Watty difundió recientemente un mensaje institucional invitando a comerciantes a “fortalecer su actividad económica” y tramitar licencias mediante la llamada Ventanilla Única.
El mensaje generó molestia entre empresarios locales, quienes consideran contradictorio hablar de “certeza” mientras el Ayuntamiento mantiene un sistema que, afirman, castiga al ciudadano que intenta cumplir la ley.
En Xalapa, el problema no es que los comerciantes no quieran regularizarse. El problema, denuncian, es que la regularización terminó convertida en un negocio; un negocio que aún no detectan para quién.
