La destacada activista social y feminista María López de la Rica recibió esta semana en el Congreso del Estado la medalla “Premio Estatal a la Mujer Veracruzana 2018”, un merecido reconocimiento a su labor en pro de las mujeres del centro de la entidad, especialmente en la sierra de Zongolica.
El galardón se aplaude, aunque la congruencia de este gobierno no se observe en relación a muchas otras cosas relacionadas con las mujeres.
Sólo basta con recordar que a principios del régimen yunista, el Congreso entregó la Medalla Adolfo Ruiz Cortines a un grupo de Colectivos de familiares de personas desaparecidas en Veracruz, básicamente integrados por mujeres (Solecito es uno de ellos). En el mes de marzo, hace un año, esa representación entrego la Medalla a la Mujer Veracruzana 2017 a la doctora Patricia Ponce Jiménez, coordinadora del grupo Multisectorial VIH-Sida.
Pero la satisfacción y esperanza de esas mujeres duró muy poco. Unos cuantos meses después, el Fiscal General del Estado se encargó de tirar por la borda lo logrado con las mujeres de Solecito, al menospreciar o ignorar su trabajo. En el caso de Paty Ponce, el propio gobernador tuvo desafortunadas palabras en relación a ella y su legítima exigencia de medicamentos y apoyos, que provocaron la airada respuesta pública y mediática de la afamada activista de la lucha contra el VIH en el país.
El último en manifestar el estilo misógino y retrógrada de varios de los funcionarios yunistas, fue el imberbe y novel secretario de desarrollo social estatal, quien fue a dar una conferencia de prensa a la oficina de comunicación social del gobierno, calificando a la diputada Rocío Nahle como mitotera y ridícula, y reiterando el calificativo de Diputada Mitotes varias veces.
El día de hoy el periódico El Financiero, en su sección Nación 321 publica la nota ¿Cuál fue el estado más peligroso para las mujeres en 2017?, que empieza con lo siguiente: “CREEMOS QUE IMPORTA POR…Porque el alza de la violencia contra las mujeres es una tendencia a nivel nacional”. Más adelante, señala que “Por otra parte, si tomamos en cuenta las cifras absolutas de feminicidios, y dejando de lado Sinaloa, Veracruz es el estado que registró más casos de este delito en 2017, con 79”.
Como se observa en la entidad veracruzana, la violencia contra las mujeres no sólo la ejercen la delincuencia y los desalmados esposos o novios, sino también los funcionarios de gobierno.
Quizá para resarcir un poco ese lamentable estado de cosas, se dice que el gobierno estatal apura un programa dedicado a entregar recursos a las mujeres en forma de transferencias y apoyos para restauración dental, o por falta de empleo o reducción de ingresos. El programa recuerda el famoso salario rosa del centro del país que tantos dividendos electorales ha dado. Desde luego, en Veracruz coincidirá con la presente temporada electoral, pero no hay problema legal, argumentan los funcionarios interesados, “son acciones sociales destinadas a población vulnerable, que no puede esperar”.
