Cuando se toca el bolsillo de los trabajadores, ya sean privados o públicos, lo que se altera, primeramente, es el estómago.
Es verdad que durante muchas décadas el salario que han cobrado muchos de los funcionarios públicos han sido desproporcionados en relación al trabajo desempeñado y en ocasiones a sus responsabilidades, siempre que se compare con el resto de la población.
Con la publicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos se prevé una fuerte turbulencia en la burocracia mexicana.
En los últimos dos meses, muchos de los empleados federales que dependen del Poder Ejecutivo han preferido prejubilarse o jubilarse para evitar confrontaciones con las personas de la cuarta transformación, que a decir de muchos vendrán con hambre y sed de venganza. Más de 200 mil empleados de confianza perderán su trabajo a partir del próximo 1 de diciembre.
En el caso del Poder Judicial, tanto en el ámbito federal como en el local, la zozobra de los magistrados y jueces es ya una realidad, a pesar de que conocen los alcances de las leyes en todo sentido.
De acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) en México hay 4,666 jueces y magistrados locales y un 55 por ciento son menores de 50 años de edad.
Debe reconocerse que la mayoría de estos servidores públicos son profesionales con un alto nivel y se les quiere reducir el salario con el hecho de modificar la ley, pretextando ahorros sustanciales para el Estado y que podrían direccionarse a la población vulnerable.
Las intenciones son loables si se garantizara que esas reservas tienen ese objetivo. Pero dónde queda la impartición de justicia de calidad. El país no quiere “jueces centaveros”, las consecuencias pueden ser aún más graves en tratándose de corrupción.
No puede castigarse a aquellos magistrados y jueces que han apostado por una carrera judicial. Poco más del 30 por ciento de los togados locales en el país tienen el grado académico de doctorado o maestría, lo que seguramente para muchos ha significado un gran esfuerzo, aunque para otros, han sido los subordinados los que hicieron sus tareas y trabajos de investigación para la obtención del grado.
En todo caso, sería conveniente evaluar, periódicamente y públicamente, a los jueces y magistrados -por ejemplo, a través de instituciones como el Colegio de México, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la Escuela Libre de Derecho, por mencionar algunas- para ver si en verdad son aptos para impartir justicia. Quienes vayan acreditando su capacidad teórica y práctica que asciendan, se reconozcan, se remuneren, caso contrario, se debe destituir ipso facto a los que se dicen jurisconsultos. Ahí está otra manera de ir destapando y extirpando la corrupción.
México no necesita de más conflictos, requiere de jurisconsultos preparados, de oficio y, aunque difícil es, aislados de los intereses o conflictos que generan los políticos.
Por eso, el Poder Judicial no debe determinar la política, sobretodo cuando existe la sospecha de que su independencia sigue siendo una asignatura pendiente.
La sociedad exige Justicia y el buen juez por su casa empieza.
