En busca de reflectores y tergiversando lo que señala la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas en Veracruz resulta que el día de ayer los integrantes del Comité Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción, en voz de Sergio Vázquez Jiménez, solicitaron la derogación del Decreto en el que se aprobó la Cuenta Pública 2017.
Vázquez Jiménez dijo que el ORFIS nunca se pronunció en contra de lo aprobado por la anterior legislatura y saliéndose del script hasta lo tildó de cómplice. Lo que no dijo, es que esa institución es un órgano técnico del Congreso y que con la entrega del informe de la Cuenta Pública termina una de las obligaciones legales del ente fiscalizador.
El tema lo quieren llevar a lo político. No se arguye con base en el Principio de Legalidad, y en eso de la cosa pública, los funcionarios -de todos los niveles- únicamente pueden hacer lo que expresamente marca la ley y no actuar con base a intereses, caprichos o deseos.
Que llamen a cuenta a los exdiputados de la anterior Comisión de Vigilancia -muchos de ellos ahí siguen- para que expliquen, fundamenten y demuestren por qué determinaron solventar cuentas manchadas o de expresidentes priistas malolientes.
Ahí tienen un buen reto los nuevos “mandamases” para comenzar a combatir la impunidad porque hay muchos personajes que se pasean como si no hubieran hecho nada malo.
En lugar de hacer ruido, ese Comité debiera de preocuparse por temas torales de la corrupción veracruzana como son: los trastupijes en el sistema de agua en el Puerto de Veracruz, dónde están los dineros recuperados a los exduartistas, la lista definitiva de bienes incautados y para no irnos tan lejos, los nauseabundos olores de la administración municipal saliente de Xalapa.
¿Esa es la función de ese Comité o quedó en un simple juguete?
