La invitación del pasado viernes presumía que al acto de inauguración del edificio de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS) lo acompañarían “autoridades federales e internacionales”.

¡Pues nada! A juzgar por lo que ocurrió, el fiscal general del Estado (FGE), Jorge Winckler Ortiz —el abogado oaxaqueño de la cola larga por herencia—, tiene la misma fuerza que un agua mineral destapada hace ocho días.

A su evento apenas llegó la coordinadora nacional Antisecuestro, Patricia Bugarín Gutiérrez. De ahí en fuera pura “morralla” de la fiscalía: el de la Policía Ministerial, un enviado de la Policía Federal (PF) de Xalapa, una diputada local del PAN; y tan-tan.

El acto tuvo que llenarse con servidores públicos de la propia FGE, quienes fueron porque ahí cobran, pues inclusive la rebelión de la granja está a todo lo que da.

Winckler lleva nada más 23 días sin cordón umbilical —vaya, sin los Yunes, pues— y ya resiente el abandono por todos lados; lo corren de allá y acá. Es, si acaso, un fiscalito desinflado.

Más allá del frío acto del fiscal, lo que esperarían los veracruzanos es que con el nuevo edificio de la UECS, comiencen a reducirse los índices delictivos en materia de secuestro.

Nada más de enero a octubre de 2018 se cometieron 52 plagios en Veracruz, lo que convirtió al estado en el segundo con más casos en todo el país. Esas son cifras, no los discursos del fiscalito cargados de frases falaces.

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