México.- El tema del agua en México es una tragedia, consideró el doctor Víctor Toledo, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y dijo “hay un uso indiscriminado, antidemocrático e incluso se ha comenzado a manejar el término de ‘huachicoleo hídrico’, por la cantidad de pozos clandestinos existentes”.
Durante la presentación del libro “Crisis Ambiental en México/Ruta para el Cambio”, en la Librería “Rosario Castellanos” del Fondo de Cultura Económica, Toledo puntualizó que los grandes propietarios agrícolas se llevan grandes cantidades de agua, pagando costos ínfimos o sin pagar.
En el evento participaron Adrián Fernández, de Iniciativa Climática México; Helena Cotler, del Centro Geo; Ken Oyama, de la Secretaría de Desarrollo Institucional de la UNAM; Leticia Merino, del SIUMA/UNAM; Omar Arellano, de la Facultad de Ciencias de la UNAM; Marisa Mazari y Ana Cecilia Espinosa, del Instituto de Ecología de la UNAM, entre otros.
El comentario se dio luego que Helena Cotler preguntara “¿Por qué dejamos como país de alimentarnos de nuestra propia producción y pasamos a depender de una alimentación industrializada? ¿Cuándo y por qué se perdió la importancia de la agricultura campesina en la política de desarrollo nacional?, ¿Por qué fomentamos una agricultura industrializada que afecta nuestra alimentación, nuestra salud, y deteriora los suelos?
Cotler señaló que en el libro los investigadores explican el retiro gradual del Estado en el desarrollo agropecuario, desde finales de los años 80, tanto de la producción, del acopio, de la regulación de precios y de la estructura de créditos y de subsidios, lo cual ha llevado a una polarización entre pequeños y grandes agricultores, beneficiando a estos últimos.
Con la liberalización comercial, la producción alimentaria dejó de ser parte de la estrategia de desarrollo nacional. Por un lado, se planteó que la seguridad alimentaria se iba a conseguir mediante la importación de alimentos, y por otro, se convirtió a la agricultura en una actividad generadora de divisas.
Asimismo, se ha invisibilizado a los suelos, los cuales no aparecen en las políticas públicas de administraciones anteriores. Como consecuencia, en más de la mitad del territorio nacional los suelos están erosionados, por lo cual las funciones básicas que deben cumplir, como la infiltración y retención de agua, no son posibles.
Tampoco lo son la captura de carbono, para evitar más emisiones de dióxido de carbono (CO2); la conservación de la biodiversidad –hay más en los suelos que encima de ellos-, ni la posibilidad de mantener cultivos sanos.
Los investigadores proponen apoyar la pequeña agricultura, que representa el 70 por ciento de las unidades de producción del país, las cuales generan el 58 por ciento de los empleos del sector, “pero hacerlo con una visión territorial, fortaleciendo la organización productiva local, rescatando su enorme agrodiversidad y dinamizando economías locales”.
“El 80 por ciento de los predios con mayor extensión es de riego y ante la variabilidad climática, la agricultura de temporal, de la cual nos alimentamos, requiere de riegos suplementarios. Tienen que revisarse las concesiones, con un análisis certero y verdadero de lo que es la disponibilidad de agua en el país”, enfatizó.
“Todo tiene que estar en el marco de una nueva Ley General de Agua que integre el derecho humano y la participación ciudadana”, agregó.
Además de la información, se requiere gobernanza del conocimiento y de la gestión, donde los agricultores sean sujetos centrales del desarrollo, con participación activa y con posibilidades de incrementar sus capacidades técnicas y organizacionales.
Los académicos estamos dispuestos a entrar en la discusión y en la solución de los problemas, concluyó la investigadora.
