El 23 de diciembre, Lubov Sóboleva, de la ciudad rusa de Nizhni Nóvgorod, adquirió un Datsun por 370,000 rublos (casi 5,000 dólares) y estuvo dispuesta a pagar en efectivo. No obstante, el concesionario convenció a la mujer de tomar un préstamo, y además le vendió un servicio especial, de asistencia en las rutas. Así, el precio del auto ascendió a más de 500,000 rublos (más 6,700 dólares).

Sin embargo, la compradora casi no pudo disfrutar del vehículo. Cuando quiso inscribir el Datsun se enteró de que el auto estaba bajo pedido de arresto debido a que su anterior dueño debía en multas más de 2 millones de rublos (casi 27,000 dólares).

Para evitar la confiscación del automóvil, la mujer se vio obligada a ocultarlo y casi no lo usó.

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Cuando Sóboleva llegó a la oficina del concesionario para intentar solucionar el problema, los representantes le aseguraron que no tenían conocimiento sobre las deudas. La jefa del área de autos de segunda mano le dijo que la orden de arresto y la compra coincidieron por “casualidad absoluta” el mismo día, y que la culpa por la situación era de los funcionarios que firmaron el dictamen.

Los vendedores le ofrecieron a la mujer otro auto, también de la marca Datsun, pero resultó que ese también tenía una orden de arresto. Finalmente, la compradora y su abogado acordaron con el concesionario romper el acuerdo, el préstamo fue liquidado, le devolvieron el dinero y le pagaron 15,000 rublos (200 dólares) por las molestias ocasionadas.

No obstante, la mujer no quería quedarse sin auto, por lo que decidió comprar uno en el mismo concesionario aunque de otra marca.

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