Por Lucía Deblock
No se puede seguir favoreciendo que las mujeres ricas accedan al misoptrosol y las pobres a la rama del perejil.
No se puede obligar a los que pensamos distinto a vivir en un sistema teocrático”.
Luis Novaresio, periodista
Empecemos por ser claros.
El fallo emitido por la SCJN el pasado 29 de julio, no fue contra la despenalización del aborto, sino en contra de un proyecto de amparo presentado por el ministro Juan Luis González Alcántara, que busca que los legisladores locales acaten la resolución de modificar el código penal del Estado de Veracruz, que criminaliza a la mujeres por interrumpir el embarazo.
Con 4 votos en contra y 1 a favor, los ministros dictaminaron que el proyecto, tal y como está planteado, por motivos técnicos, no sustenta lo suficiente la posible “omisión” legislativa del Congreso del Estado de Veracruz.
Y es necesario puntualizar: no se analizó la derogación de la norma que castiga el aborto, se limitó a desechar el proyecto argumentando tecnicismos jurídicos. Es en el excesivo formalismo de la Corte donde reside, si acaso, la controversia.
Pero la pregunta de fondo es: ¿Por qué recayó este proyecto en la SCJN?
La respuesta es complicada y tiene muchos vericuetos, pero oficialmente empieza el 13 de diciembre de 2017, cuando a instancias de varios colectivos de mujeres y miembros de la sociedad civil veracruzana se gestiona exitosamente la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en el Estado de Veracruz, por agravio comparado. Es decir, por existir en la entidad un marco normativo o una política pública que violenta los derechos de las mujeres, en específico los sexuales, reproductivos y de salud.
Así, Veracruz se convirtió en la primera entidad en ostentar dos AVGM; la primera fue declarada en noviembre de 2016, por violencia feminicida.
La resolución solicitaba a la 64a. Legislatura del Congreso del Estado modificar los artículos 149, 150 y 154 a fin de garantizar el acceso a la interrupción legal del embarazo y establecer el plazo máximo (12 semanas) para abortar.
Los diputados de la pasada legislatura se negaron a atender las recomendaciones de la Comisión Nacional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), responsable oficial de la AVGM por agravio comparado. Y se declaró improcedente dictaminar de manera positiva la Iniciativa que reformaba el Código Penal, según los lineamientos establecidos en la alerta.
El dictamen fue sometido al pleno en medio de protestas de grupos en defensa de los derechos de las mujeres y sólo con la asistencia de 27 de los 50 diputados locales de Veracruz, ya que las bancadas del Pri, Morena y Juntos por Veracruz dejaron un papelito en su curul, que rezaba: “No asistí a esta sesión porque se violenta la ley y la voluntad popular”. La ausencia del pleno la justificaron por desconocer al entonces presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo). Entre otros acuerdos, ese día también se aprobó la concesión para la construcción de 17 Ciudades Judiciales y el retorno del impuesto del 2% al hospedaje.
De nueva cuenta, fue la sociedad civil y colectivos de mujeres quienes interpusieron un amparo por omisión legislativa y en julio del 2018, el Juez Decimoctavo de Distrito reconoció que, en efecto, existe una vulneración de los derechos humanos de las mujeres veracruzanas, por lo que ordenó al Congreso de Veracruz cumplir con la obligación de regular la interrupción del embarazo.
En una maniobra dilatoria, el área jurídica del Congreso solicitó a la Suprema Corte atraer el caso, a fin de determinar si la sentencia del Juez era válida. El 20 de junio del 2019 -un año después y ya en funciones la 65a. Legislatura-, la Suprema Corte determinó atraer el caso. Ese fue el fallo que conocimos el pasado 29 de julio.
El camino de las mujeres y organizaciones civiles veracruzanas para despenalizar el aborto ha sido largo y moroso. Ha contado con muchos obstáculos, entre ellos, las razones ideológicas y religiosas que argumentan desde todos los frentes, e intentan supeditar los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, además que violentan la laicidad que debe imperar en el Estado mexicano.
Esta situación ha contribuido a que niñas, adolescentes y mujeres veracruzanas queden confinadas a una maternidad forzada, a prisión, o se vean obligadas a recurrir a soluciones insalubres y clandestinas que ponen en riesgo sus vidas.
Mientras tanto, miles de mujeres esperamos que prospere la iniciativa de Morena, presentada en Octubre del 2019. La propuesta es muy amplia y contempla reformar el Código Penal Federal para despenalizar el aborto en todo el país, siempre que se realice antes de las 12 semanas de gestación; y la Ley General de Salud, para garantizar a las mujeres el derecho a decidir sobre su cuerpo.
También consideran castigos para quienes hagan abortar a las mujeres sin su consentimiento; y, por añadidura, pondera el respeto a la objeción de conciencia de los médicos y personal de salud que se nieguen a realizar los procedimientos.
A lo anterior se suma un adendum a la Ley de Amnistía, presentada por el Ejecutivo, para añadir la posibilidad de dar el perdón a todas las mujeres que están en prisión por haber abortado. Adicionalmente, preparan una iniciativa para presentar en los estados con la finalidad de que armonicen, lo más pronto posible, sus leyes a los cambios federales.
Lo anterior es de vital importancia, ya que cerraría el paso a legislaciones omisas como la de Veracruz, donde nadie se ha hecho responsable de las leyes discriminatorias y alejadas de los estándares de igualdad jurídica. A la par del menosprecio de las iniciativas de la sociedad civil a la que representan.
Cabe señalar que, aunque no por este caso en particular, en Noviembre de 2019, la sempiterna indisciplina al interior de la bancada veracruzana fue sancionada por La Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena, al expulsar del partido a los diputados locales José Magdaleno, Agustín Álvarez y Jessica Ramírez, quienes previamente se habían unido a la coalición opositora y porque, en otro momento, votaron en contra de desaforar al ex fiscal, hoy prófugo de la justicia, Jorge Winckler.
Asimismo, en Hidalgo se abrió un proceso contra 10 diputados morenistas que se abstuvieron o que votaron en contra de la interrupción legal del embarazo, motivo por el cual se desechó el dictamen, a pesar de contar con mayoría y ser uno de los cinco Estados con mayor número de denuncias contra mujeres que deciden interrumpir su embarazo.
Lo que deja claro que los preceptos personales no están por encima los asuntos de salud pública ni de las iniciativas políticas de Morena, las cuales fueron apercibidas y firmadas de conformidad por cada uno de los legisladores, antes de asumir su curul.
La Organización Mundial de la Salud señala que México ostenta el primer lugar en embarazo infantil; muchos de ellos producto de trata y violación.
México es el segundo lugar mundial en turismo sexual infantil, sólo superado por Tailandia. Es un cáncer que ha crecido silenciosamente durante los últimos 15 años, dijo Rita María Hernández, directora de la Comisión Unidos vs Trata, durante el “Foro sobre trabajo sexual y trata de personas”, realizado en la en la Universidad Iberoamericana.
Actualmente los únicos estados donde está despenalizado el aborto hasta las 12 semanas, es la CDMX (desde 2007) y Oaxaca (desde 2019).
De acuerdo a la secretaria de Salud de la Ciudad de México, Oliva López Arellano, desde 2007 se han practicado casi 215 mil procedimientos, de los cuales, poco más de 149 mil fueron residentes de la CDMX y 65 mil provenían de otras entidades (30%); particularmente del Estado de México, con 56 mil casos. Todas las intervenciones han sido “seguras, con cero mortalidad” y el 80% se han realizado mediante tratamiento medicamentoso.
Sin embargo, Wendy Briseño, diputada por Morena y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, señala que hay estudios que revelan que en México se realizan entre 750 mil y 1 millón de abortos al año, lo que otorga una dimensión real del problema.
Mientras tanto en Veracruz, en el primer trimestre del año, 23 niñas entre 10 y 13 años fueron obligadas a ser madres, a pesar de que el embarazo fue producto de violación sexual, reveló la organización Equifonía AC.
Personalmente celebro y aplaudo a las activistas veracruzanas, que han dejado un gran ejemplo para todas las mexicanas, al demostrar que los movimientos emanados de la sociedad civil tienen el deber de amplificar las preguntas complejas y buscar las respuestas más justas, a pesar de la abulia social y de los políticos, que las reducen a jingles de cuño electoral.
