Aproximadamente 72% del territorio mexicano está en manos del crimen organizado, mediante una presencia mayor o menor de bandas grandes, pequeñas o cuanto menos pequeñas células, de acuerdo con filtraciones de correos del Ejército.
La estimación se incluye en la divulgación de algunos de los más de 4 millones de documentos militares obtenidos por el grupo de “hactivistas” que se hace llamar Guacamaya Leaks y que ha venido entregando algunos de estos valiosos materiales a diversos medios de comunicación nacionales y extranjeros. Según los “e-mails” enviados por grupos de inteligencia militar y publicados en el diario El Universal, de los 2,446 municipios que hay en México, por lo menos 1,058 registra uno o varios grupos del crimen organizado. El cálculo de la proporción del territorio bajo control de los criminales se realizó con base en la superficie de estos municipios.
Sólo 30% del territorio mexicano sería catalogada como “zona libre” de la presencia de las bandas criminales, según el reporte. Los espías castrenses calculan que hay más de 80 organizaciones y 16 bandas criminales en el país, según lo reportaron a sus superiores en sus partes a través de correos electrónicos entre 2017 y 2022.
Los documentos enumeran por lo menos 419 nombres asociados a la delincuencia, a quienes además se les clasifica como “blancos relevantes” por la violencia que generan en sus zonas de operación.
Estos miembros destacados del crimen organizado van desde los llamados “capos”, hasta los “lugartenientes”, abogados, encargados de lavado de dinero, los llamados “sicarios” y también funcionarios de gobiernos municipales y exmilitares, pero no se les identifica con sus nombres. Aunque en tráfico de drogas sigue siendo la actividad más común de las organizaciones delincuenciales, sobre todo en la región norte del país, las bandas se diversifican cada vez más de tal manera que hay ya grupos especializados en otras áreas como el robo de combustible y el tráfico de migrantes en la zona centro y sur.
La organización líder, como ya lo habían expuesto públicamente los expertos y los medios informativos, es ahora el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que desplazó de la hegemonía al Cártel de Sinaloa, del capo encarcelado Joaquín “El Chapo” Guzmán, que purga una cadena perpetua en Colorado, Estados Unidos.
Otro informe de Guacamaya Leaks, publicado por el diario Reforma, señala por su parte que el CJNG mantiene el apoyo del gobierno de Jalisco y opera en el 84% de este estado del occidente del país, es decir, en 105 de los 125 municipios. Según los servicios de inteligencia militar, citados por El Universal, el CJNG tiene “presencia” en 20% de los municipios del país, pero por medio de alianzas ha logrado expandirse a prácticamente todas las regiones de México.
A esta organización se le atribuye el incremento de la violencia en algunas zonas del sureste, como los centros veraniegos de Cancún y Playa del Carmen, en la frontera con Belice, y en las ciudades de Matehuala y Soledad Graciano, en el central estado de San Luis Potosí, una zona estratégica en la ruta del crimen organizado.
El CJNG es calificado como el principal “generador de violencia” en diversas zonas de México.
El pasado viernes, por ejemplo, fue asesinado en Guadalajara, Jalisco, Salvador Llamas, consejero nacional del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), a quien se mencionaba como posible aspirante a gobernar la provincia.
Aunque el Cártel de Jalisco ocupa el segundo lugar como grupo dominante del crimen organizado, controla el doble de municipios que su rival, aunque estos son más pequeños y la extensión es territorialmente más pequeña.
Del análisis de los correos surge un mapa en el cual las bandas, sobre todo mantienen un dominio en la frontera norte y en zonas claves de la frontera sur, pero donde mantiene una lucha sin cuartel en zonas urbanas.
Sureste de México; Veracruz la entidad de mayor incidencia delictiva
En el caso de los estados del sur de México, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) considera que hay autoridades estatales y municipales del partido Morena que podrían estar vinculadas con cárteles y grupos delictivos, de acuerdo con una de las conclusiones de un informe fechado el 19 de enero por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia “Sureste” (Cerfise).
El documento es una radiografía de la operación y estructura del crimen organizado en Campeche, Chiapas, Tabasco y Veracruz, estados gobernados por Morena, donde se identifica con nombre y apodo a los cabecillas regionales, pero no detalla qué políticos y funcionarios podrían estar vinculados con los grupos delincuenciales.
El reporte, que se encuentra entre los miles de documentos y correos electrónicos obtenidos por los hackers “Guacamaya” advierte que en las entidades gobernadas por Layda Sansores (Campeche), Rutilio Escandón (Chiapas), Carlos Manuel Merino Campos (Tabasco) y Cuitláhuac García (Veracruz), la violencia puede aumentar.
“No se descarta el incremento de los índices delictivos en estas entidades federativas debido a la pugna que mantiene el CGNJ con los diversos grupos delictivos”, indica el documento firmado por un teniente coronel que es parte del Cerfise.
Veracruz, gobernado por Cuitláhuac García, es calificada como la peor entidad en incidencia delictiva de los cuatro estados analizados.
“De los 4 estados con gobiernos de extracción ‘morenista’, Veracruz es el estado que presenta mayor incidencia delictiva, pudiéndose relacionar esto por la presencia de integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la mayor parte de la entidad”, refiere uno de los párrafos con los que concluye el informe.
Los reportes muestran que en uno de cada cinco municipios donde se advierte la presencia de bandas o células criminales, hay dos o más que están aliados o pelean por la hegemonía.
