El presidente Andrés Manuel López Obrador rendirá su quinto informe de gobierno el 1 de septiembre con una disminución de los homicidios, pero con una persistente crisis de violencia del narcotráfico y una respuesta insatisfactoria a sus promesas en relación con la protección de los derechos humanos.
“Cambió no sólo la narrativa de lo que haría en materia de derechos humanos desde la campaña a sus primeros años de gobierno, sino que todo lo que ofreció en campaña para llegar a la presidencia fue olvidado”, dijo en entrevista con EFE José Antonio Guevara, especialista en derechos humanos y académico.
Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aseguró el pasado 22 de agosto que el homicidio doloso continúa a la baja y destacó que en los últimos seis años se ha reducido la incidencia mensual de este delito en 19.9%.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) contabilizó 32 mil 223 asesinatos en 2022, una caída de 9.74% frente a los 35 mil 700 de 2021.
Sin embargo, en 2022, México se apuntó como el “país en paz” más peligroso para la prensa, al concentrar el 20% de los asesinatos de periodistas en el mundo, con 13 casos, según la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF).
Además, se contabilizan de manera oficial más de 111 mil personas desaparecidas o no localizadas en México y, según investigaciones de organizaciones y buscadoras, son 52 mil los restos humanos que permanecen en dependencias públicas sin identificar.
Guevara aseguró que, además de las cifras directas, hay un debilitamiento de las instituciones y consideró que los seis años de gobierno de López Obrador no serán sólo perdidos, sino que ha habido retrocesos por las reformas impulsadas por el mandatario.
Militarización e impunidad
El experto subrayó la militarización del país con la creación de la Guardia Nacional, cuerpo de seguridad que ha tomado cada vez más funciones de seguridad pública.
“El enorme desafío que tiene el país, yo creo que el más importante, es la impunidad, que permite que se violen las leyes”, dijo Guevara, mientras que Aguilar consideró que, al mantenerse este índice, los ciudadanos no acuden a denunciar.
Esto, coincidieron, sólo puede solucionarse con un gran cambio dentro de la Fiscalía General de la República (FGR), liderada por Alejandro Gertz Manero, cuya renuncia han solicitado en múltiples ocasiones diversos agentes de la sociedad civil.
Gertz Manero cuenta con el apoyo de López Obrador y no se prevé que esto deje de ser así en el último año del mandatario, por lo que, de cara a las elecciones de junio de 2024, el saneamiento de esta instancia debe ser una prioridad para los candidatos.
“El nuevo titular del Ejecutivo tendrá que asegurar que la fiscalía sirva para lo que está creada y para eso se tiene que asegurar que sea un fiscal que realmente le haga honor a sus funciones y no sea nuevamente un títere”, espetó Guevara.
El reto de la institucionalidad
Ante este panorama, los especialistas dijeron que quienes sean candidatos y quien, después de las elecciones, sea el titular del Ejecutivo, afrontará una gran tarea de reconstrucción de un país que, en contraste con las promesas del presidente durante su campaña e inicios de su gobierno, no ha priorizado garantizar la seguridad ni el cumplimiento de los derechos humanos.
“Vamos a tener que reconstruir mucho de lo que destruyó este gobierno en sus deliberadas políticas para debilitar los contrapesos institucionales”, terminó Guevara.
